El Govern balear acordó ayer solicitar al Consejo de Ministros que declare a Balears como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, debido a los daños registrados durante las tormentas que tuvieron lugar entre los días 17 y 24 de este mes, según destacó su portavoz, Pilar Costa.

Esta demanda se remitirá a través de la Delegación del Gobierno de las islas, y permitirá acceder a las ayudas y medidas económicas previstas por la ley. En este aspecto, se recordaron los daños que se han registrado a causa de la lluvia, la nieve y viento en el conjunto del archipiélago, pero muy especialmente en Mallorca.

El importe de las ayudas se calculará a partir de la cuantificación de daños que vayan aportando las personas físicas o jurídicas, y que comporten la reparación de viviendas, industrias o instalaciones. Esta aportación podrá llegar tanto como bonificación directa, en las cuotas del Impuesto sobre la Renta o en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Igualmente, el Govern instará a Madrid para que adopte todas las medidas necesarias para la recuperación íntegra de los daños sufridos en el territorio de las islas.

Además, el Ejecutivo autonómico se dio por enterado de la resolución del director general de Puertos y Aeropuertos para la ejecución, con carácter de urgencia, de las obras de reparación de los daños sufridos en el dique de protección de Cala Rajada, para lo que se ha reservado una partida de 363.000 euros.

Hay que recordar que este dique ya se encontraba en un estado de deterioro importante, por lo que se había anunciado por parte de la presidenta Francina Armengol la puesta en marcha de un proyecto de restauración que supondrá una inversión de 7,5 millones de euros.

Real Decreto del Gobierno

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto con el que pretende "dar rapidez y eficacia" a las ayudas para los afectados por los daños ocasionados por el temporal de este mes.

Según explicó el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, los pasados 9 y 23 de diciembre de 2016 se acordó la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil a las comunidades de Balears, Valencia y Murcia, junto a las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Badajoz, Almería y Albacete.

Sin embargo, indicó que "dada la magnitud de los daños" producidos, algunos Ministerios han manifestado su "imposibilidad" de financiar estas medidas que les competen a cada uno y, por tanto, a su juicio es necesario acudir a una financiación extraordinaria a través del Fondo de Contingencia, posibilidad que ahora mismo no podía darse por tratarse de gastos discrecionales de la Administración.

Por lo tanto, justificó que se haya aprobado este Decreto Ley "con rapidez y eficacia" para permitir financiar estas ayudas derivadas del Consejo de Ministros, aprobadas los días 9 y 23 de diciembre y para extender "este tipo de ayudas" a los recientes temporales meteorológicos producidos durante este mes de enero y que han afectado a Balears, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, y Albacete, con "cuantiosos daños" en el litoral, como las zonas costeras, sobre todo en playas, paseos marítimos y en la producción agraria.

Entre las ayudas previstas se ha referido a las del ministerio del Interior, por daños personales, a viviendas y enseres, industriales, mercantiles y agrarios.