Ramón Ruiz Gutiérrez, un antiguo conductor de autobuses ya jubilado por problemas de salud, lleva ocho meses malviviendo a consecuencia de un embargo judicial de su exigua pensión de 633 euros mensuales. Según denuncia Ruiz, que reside en Alcarrás (Lleida) un juez de familia de Palma le ha embargado la totalidad de su pensión para cubrir una deuda de unos diez mil euros en la pensión de alimentos que pasa a uno de sus hijos, un joven estudiante de 22 años que reside en Palma junto a su exesposa.
"No hay derecho a lo que me están haciendo, yo no me he portado tan mal para hacerme lo que me están haciendo: Vivo de la caridad", se lamenta Ramón Ruiz.
El jubilado trabajó durante décadas conduciendo autobuses por Mallorca, isla en la que vivía junto a su esposa y sus dos hijos varones.
Hace unos años el matrimonio se rompió y Ruiz decidió buscar trabajo en Lleida, donde su madre poseía un piso.
"Nos separamos de mutuo acuerdo y yo me comprometí a pasarle 600 euros al mes por los dos hijos; también pactamos que un fin de semana al mes yo viajaría a Palma para estar con mis hijos y todo funcionó muy bien", rememora.
Sin embargo, llegó la crisis económica y el trabajo escaseó. Para mayores complicaciones, Ruiz tuvo que jubilarse anticipadamente por problemas en la espalda ("tengo varias vértebras fastidiadas)".
"Entonces acordé con mi exesposa una rebaja en la pensión para los chicos y luego pacté una segunda rebaja, pero no lo llevamos al juzgado. Yo confío en la buena fe de las personas y los pactos fueron verbales", rememora el protagonista del caso.
Las cosas se pusieron muy feas para el jubilado cuando hace unos 8 meses vio como toda su pensión era embargada por un juzgado de primera instancia de Palma dedicado asuntos de familia.
"Yo no sabía que pasaba, fui a los juzgados de Alcarrás y me dijeron que eso lo llevaban en Palma. Llamé por teléfono al juzgado y pedí que me pusieran con el juez para que me explicara lo que estaba pasando, pero me dijeron que el juez no se podía poner al teléfono y que me personara con un abogado y procurador", prosigue Ramón.
Los trámites para buscar letrado y procurador de oficio se demoraron y las primeras gestiones para deshacer el entuerto no se han hecho hasta hace poco tiempo: "Mi abogada mallorquina de oficio me ha dicho que ha hablado con el juzgado y que para la próxima paga de febrero me irán descontando 200 euros cada mes, pero yo ya no puedo más".
Estos meses han sido un auténtico calvario para Ramón Ruiz, que ha tenido que echar mano a familiares y conocidos para poder sobrevivir.
"La compañía eléctrica está a punto de cortarme la luz y de casa no me pueden echar porque está a nombre de mi difunta madre, que si no ya me la habrían embargado", explica.
Para comer, el pensionista ha tenido que recurrir a los servicios de ayuda social: "Voy a la beneficencia cada quince días para que me den un carro de comida porque no tengo dinero para comprarme nada; estoy viviendo muy mal".
Ayuda de su otro hijo
"Mi hijo que está trabajando en República Dominicana me ha mandado 600 euros y algunos conocidos también me han ayudado. Hasta ahora he tirado con unos euros que tenía de un fondo de pensiones, pero ya no me quedan recursos", Ruiz asegura que la falta de fondos le ha impedido trasladarse a Palma para intentar arreglar el problema, aunque hace unas semanas su indignación por la injusticia era muy fuerte.
Tampoco ha querido ponerse en contacto con su antigua esposa (que se ha vuelto a casar), porque las relaciones se deterioraron: "Yo no quiero hablar con esa señora".
Ramón Ruiz no sabe si su historia es un error judicial, porque la Ley reserva unos mínimos para que los embargados puedan subsistir, pero está muy enfadado con el magistrado que llevó su asunto y "que ya no está en el juzgado".
El pensionista afirma que ha pasado semanas muy duras, en las que el suicidio ha rondado por su cabeza. "Afortunadamente estoy mejor", añade Ruiz.
El jubilado hace a través del periodista un último llamamiento: "Quisiera añadir a ver si me pueden devolver el dinero que me han quitado en estos meses".
