Los exaltos cargos del Govern de Jaume Matas Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern han ingresado en prisión para cumplir la condena de 14 meses que les fue impuesta el pasado julio por cobro de comisiones y otros delitos. Alía y Alabern fueron gerentes del desaparecido Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y en el juicio reconocieron haber cobrado casi 51.000 euros en sobornos de proveedores.

Alía fue gerente del Ibatur entre 2003 y 2004 y tuvo que dimitir por el escándalo del club de alterne moscovita Rasputín. Fue sustituido por Raimundo Alabern al frente del principal organismo de promoción del turismo en Balears.

Ambos acusados sellaron un pacto de conformidad con la fiscalía anticorrupción y la acusación particular en nombre del Govern y aceptaron una condena de 14 meses de prisión.

A diferencia de otros sumarios de corrupción, las acusaciones no quisieron sustituir la pena privativa de libertad por una multa y tampoco se abrió la posibilidad a que la condena de 14 meses pudiera ser suspendida.

Alía, representado por José Ignacio Herrero, pidió un aplazamiento de su ingreso en prisión debido a que en julio estaba trabajando en un establecimiento turístico y quería acabar la temporada. Alabern, defendido por Jaume Campaner, también solicitó una prórroga para aplazar su encarcelamiento. Finalmente, los dos condenados han ingresado en la cárcel hace unos días.Los dos exgerentes fueron condenados por tres delitos: cohecho (recibir sobornos); fraude (amañar contratos) y prevaricación. Por los dos primeros cumplirán sendas penas de siete meses de prisión y por el tercero tres años de inhabilitación especial.

Raimundo Alabern sustituyó en el puesto a Alía en 2004 y decidió beneficiar a éste con fondos del Ibatur a pesar de que ya no pintaba nada en ese instituto.

Dos fueron los sistemas para desviar fondos públicos para el exgerente: la simulación por el Govern que contrataba sus servicios para asesorías y otros menesteres y el pago por al menos un proveedor del Ibatur (Bartolomé Morey) de comisiones a cambio de contratos públicos.

Alía creó en septiembre del 2004 la empresa Amengual y Pino Consultores, de la que ostentaba el cien por cien de las participaciones sociales.

La consultora del exgerente recibió, entre 2006 y 2007, tres encargos del Ibatur por los que cobró un poco menos de 36.000 euros. El condenado no realizó ningún tipo de servicio o asesoramiento al Govern del PP.