El juez Juan Manuel Sobrino, que dirige la investigación sobre el escándalo del hotel Rocamar, tiene muy claro que el Govern balear, a través de la conselleria de Turismo, pagó dos veces los gastos del derribo de este ruinoso edificio. El magistrado sostiene esta conclusión en un auto en el que rechaza la propuesta planteada por los tres funcionarios de la conselleria de Turismo que realizaron el informe por el que se fijó el precio que el Govern abonó por este viejo hotel. Un importe de casi un millón de euros que, casualmente, era casi idéntico a la supuesta deuda que mantenía el propietario del Rocamar con los padres de José Francisco Enseñat, que en ese momento era el jefe de la inspección de Turismo, es decir, compañero de trabajo de los tres funcionarios cuyo informe favoreció sus intereses económicos. El juez no cree que se trate de un conjunto de casualidades, sino más bien de otro tipo de maniobras para beneficiar al jefe de la Inspección con el pago de fondos públicos.
Los funcionarios Bartomeu Alcover, José Oliver y Bernardino Seguí habían pedido al juez que les apartara del caso, al defender que su informe sobre este expediente respondía a cuestiones técnicas. El juez, sin embargo, no lo entiende del mismo modo. Sobrino se muestra muy crítico con la actuación de los tres funcionarios públicos que intervinieron en el expediente a petición del presidente del consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos, dependiente de la conselleria que dirigía Jaime Martínez, candidato a presidir el PP, que también está imputado en esta causa de corrupción.
Dictamen
Este informe de los técnicos se realizó para desmontar un dictamen previo que había realizado un arquitecto experto en valoración de inmuebles. El técnico González Nebreda estableció que el valor del suelo sobre el que se asentaba el Rocamar era de 971.671,48 euros. Pero no era el precio que, según el perito, debía pagar el Govern. El experto sostenía que la construcción presentaba "deterioros y lesiones que no son reparables con las técnicas actuales". Es decir, sostenía que el edificio debía derribarse. El perito determinó que los costes del derribo los debía asumir el propietario del edificio y, por tanto, los gastos se debían descontar del valor de la compra. La factura del derribo la calculó en 687.040 euros, que deducidos del valor del suelo, suponía que el dueño del viejo hotel únicamente debía recibir la cifra de 284.631,48 euros, que debían abonarse con fondos públicos.
A los responsables de la conselleria de Turismo no les agradó este informe, a pesar de que este perito externo había sido contratado precisamente por su experiencia en la valoración de inmuebles. Y para desmontar el dictamen de González Nebreda los tres funcionarios de Turismo realizaron otro informe alternativo en el que establecieron que el valor definitivo, es decir, el precio que debía pagar el Govern, era de 971.671 euros. Los funcionarios defendieron que no existía una declaración oficial de ruina y por ello no se podía descontar del precio el coste del derribo. La factura por la posterior demolición, de casi 700.000 euros, la tuvo que pagar después de la compra la propia conselleria de Turismo. El juez entiende que la actuación de estos tres funcionarios está repleta de sospechas.
Ninguna de sus explicaciones para avalar su informe convenció al magistrado, que señala que no es razonable que los funcionarios aceptaran el precio global que fijó el perito externo, pero después descartaran que se descontara el derribo. Tampoco entiende el juez que el Govern no instara la declaración de ruina del hotel Rocamar cuando podía hacerlo, "si ese era el problema para deducir los costes de demolición, que ascendía a la nada desdeñable cifra de casi 700.000 euros, que al final asumió dos veces la administración", señala el auto. Tampoco cree el juez que pueda ser una casualidad que el precio que determinaron los tres funcionarios de Turismo coincida con el "supuesto préstamo", que los padres de Enseñat, jefe de la Inspección, habían concedido al dueño del antiguo hotel. Este hombre solventó la deuda con el dinero que recibió, de tal forma que la beneficiaria definitiva fue la familia del alto cargo de Turismo.
El juez también cuestiona el más que sospechoso encuentro previo a la compra con fondos públicos, que mantuvo Jaime Martínez con los entonces alcalde y teniente de alcalde de Sóller en una visita que realizó al edificio del Rocamar. Los tres políticos terminaron la visita reuniéndose en el domicilio particular de José Francisco Enseñat, "persona que tenía un interés directo en el asunto al ser beneficiario final de la compra de dicho hotel".
Por último, el magistrado recuerda que la investigación todavía no ha concluido, ya que la Policía sigue varias pistas.
