El ejecutivo que fue nombrado representante de la empresa Lireba, que se encargaba del mantenimiento de las instalaciones del palacio de Marivent, residencia veraniega de la Familia Real, negó ayer que en el contrato público que se ganó hubiera existido una manipulación previa. Esta declaración no coincide con la opinión que sostiene la fiscalía Anticorrupción, que en su momento denunció el caso al descubrir que las tres empresas que habían optado a este concurso público estaban controladas por las mismas personas. Además, el fiscal Miguel Ángel Subirán defendía que esta empresa estuvo cobrando sueldos de empleados que no llegaron a trabajar en las instalaciones del palacio, a pesar de que el contrato que se había firmado con el Govern, que financia el mantenimiento, establecía con claridad el número de personas que debían trabajar todo el año en estas instalaciones.

La declaración de este ejecutivo, que compareció en calidad de imputado, se había aplazado. Era la última diligencia que quedaba por practicar al juzgado, que ya da por terminada la investigación. La juez ya determinó las sospechas de que existían indicios de que se había cometido un delito de malversación. La magistrada dictará en los próximos días un auto de conclusión de las diligencias como paso previo a que los imputados sean juzgados por este caso. La fiscalía, que calcula un fraude de medio millón de euros, tiene decidido solicitar penas de prisión para los responsables de la empresa de servicios por este delito de malversación.

La investigación judicial deriva de una denuncia previa que presentó el Govern Bauzá ante la fiscalía. En ella se señalaba que se había detectado que el anterior Ejecutivo había firmado un contrato con esta empresa de servicios tras un concurso público, y que no se estaban cumpliendo las condiciones de dicha contratación. En concreto, se denunciaba que se abonaban con fondos públicos una serie de horas de trabajo de empleados que, en realidad, no realizaban su labor en el palacio de Marivent, sino en otros servicios que prestaba la empresa.

En su momento por este caso declaró como imputado el exconseller menorquín Albert Moragues, ya que fue desde su departamento donde se impulsó la contratación de esta empresa, que ya previamente al concurso se estaba encargando del mantenimiento de las instalaciones de la residencia veraniega de la Familia Real. La conselleria, además, en pleno desarrollo del contrato amplió la partida económica para la tarea de mantenimiento, a petición de la propia empresa. El entonces conseller se defendió diciendo que no tenía ninguna capacidad para controlar el número de empleados que acudía cada día a trabajar a la residencia.

El contrato que firmó el Govern con la empresa de servicios establecía que debía proporcionar una plantilla de siete personas para trabajar todo el año en la residencia de Marivent. Sin embargo, se comprobó que muchos meses solo acudían tres empleados, pero la empresa cobraba por los siete trabajadores.