Todos contra la reforma del alquiler turístico impulsada por el Govern. O casi todos. Aunque por razones radicalmente enfrentadas. Para algunos, la normativa apadrinada por el vicepresident y conseller de Turismo se queda corta en sus restricciones al arrendamiento y la lucha contra la masificación. Para otros, Biel Barceló va demasiado lejos con sus exigencias para alquilar a viajeros. El resultado es una avalancha de alegaciones. Cientos, cuenta este diario tras hablar con una veintena de colectivos y plataformas sociales y empresariales. Más de 300, concreta la patronal del alquiler vacacional. Muchas, se limita a confirmar el Govern, que, aunque hoy se cierra el plazo para alegar, aún recibirá durante días las peticiones presentadas ante consells y ayuntamientos.
La contestación a la reforma es tan general como variada: hay reivindicaciones de colectivos con objetivos tan contrapuestos como la patronal hotelera, la del alquiler vacacional, asociaciones vecinales, plataformas y movimientos ecologistas, partidos políticos, colegios profesionales como el de administradores de fincas y agrupaciones empresariales como las de comercio, hostelería y agencias de viajes. Lo único que genera así un amplio consenso en torno a la nueva normativa es el rechazo: la suma de reclamaciones de unos y otros es en sí una enmienda a la totalidad, ya que, según las explicaciones ofrecidas a Diario de Mallorca por los diferentes colectivos, no queda prácticamente ningún punto de la normativa que se libre de alegación.
"Es lógico que sea así, hay gente que quería prohibición total y otra que querían liberalización total. Éramos conscientes de que todo no gustaría a todos y cada uno se quedaría con algo", admite la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, que esperaba la avalancha de alegaciones. De hecho, esa contestación generalizada, aunque por razones contradictorias, es la lectura positiva que hacía y hace el Govern, que buscó el equilibrio en la reforma, a sabiendas de que no iba a contentar a nadie.
Descontento previsible
Semanas antes de mostrar el borrador de la reforma llamada a poner orden en el alquiler vacacional, el propio vicepresident Barceló explicaba que lo más probable era que la propuesta enfadase a todos por igual. Y añadía algo más: eso era lo deseable, al ser síntoma de equidistancia entre los intereses opuestos que entran en colisión con una normativa que marcará el futuro de las islas en cuestiones tan importantes como el modelo de explotación turística, la sostenibilidad ambiental, la masificación poblacional, la escasez de recursos e incluso al acceso a la vivienda.
Concluido el mes de plazo para oponerse al borrador de reforma, Barceló ya tiene la contestación que esperaba, aunque quizá en un grado que no calculó: las alegaciones atacan punto por punto cada propuesta para el alquiler turístico, desde la exigencia de que las comunidades de vecinos deban autorizar el alquiler a turistas en el edificio a que los consells insulars puedan vetar el arrendamiento en calles, barrios y pueblos concretos.
Tal es el choque de intereses que en algunas cuestiones se exige la modificación de la propuesta en un sentido y en el contrario: donde los hoteleros y los ecologistas piden prohibición total del alquiler vacacional en pisos de bloques de viviendas residenciales, la patronal del arrendamiento turístico exige libertad total para explotar las viviendas como se desee. Lo mismo con el techo de plazas: mientras colectivos ecologistas critican al Govern por no fijar un máximo de plazas para alojar a turistas en las islas, los hoteleros y los gestores de apartamentos turísticos lamentan que el Govern haya creado un número máximo de camas para turistas en las islas. "Da la sensación de que algunos no se han leído el anteproyecto antes de alegar", comentan en la Conselleria de Turismo, poniendo precisamente como ejemplo el caso del techo de plazas, que existe con la cifra actual desde 1998, pero ahora se define el funcionamiento del máximo con más detalle, para conseguir que se aplique.
Por resumir de un modo esquemático el choque de intereses que explica alegaciones tan abundantes y enfrentadas entre sí, en torno a esta regulación hay dos corrientes. De un lado, está Aptur, la asociación que agrupa a los propietarios de apartamentos turísticos, que defiende que se ponga orden, pero dando opción a esas 120.000 plazas que hoy se ofrecen ilegalmente a entrar en la legalidad, dando a todo el mundo de que explote su vivienda con el alquiler a viajeros. En el otro lado de la trinchera, están todos los demás. Que son muchos, y de inquietudes muy dispares, aunque en este caso alineadas: los hoteleros, los colectivos ecologistas y las asociaciones vecinales coinciden en atacar la reforma del Govern para pedir la prohibición total del alquiler a turistas en zonas residenciales.
Estos últimos coinciden incluso en los argumentos. Hablan por ejemplo de sostenibilidad ambiental y del impacto que la masificación turística está teniendo en el entorno, y apelan a los efectos sociales negativos de la generalización del alquiler. Entre ellos, destacan la ya famosa gentrificación, fenómeno de impacto mundial desencadenado por plataformas web como AirBNB, que generalizan el uso turístico de barrios residenciales de atractivo lúdico, cultural y monumental, con la consecuente expulsión de los residentes, desalojados por el encarecimiento del alquiler que provoca el turismo.
Los propietarios de pisos de alquiler vacacional, representados por Aptur, lo ven de otro modo: sostienen que el alquiler está generando negocio en zonas que no se estaban beneficiando de la llegada masiva de viajeros de los últimos años. Eso, dicen, repercute en un incremento de actividad y empleo en el comercio, los restaurantes, los bares y negocios ligados al ocio. Subrayan de hecho que algo de razón al respecto deben de tener, cuando tienen a su lado en la reclamación de la libertad para alquilar a las asociaciones patronales de la pequeña empresa y de sectores ligados al turismo como el comercio y la hostelería.
A vueltas con las multas
El planteamiento e Aptur es que se ponga orden en el alquiler, pero dando las mismas opciones a todo el mundo de explotar legalmente su vivienda. Su argumento es que ese alquiler que ahora se impedirá en las zonas que determinen los consells y en los edificios en los que la comunidad de propietarios vote en contra ya se está haciendo de forma masiva, pese a que en 2012 el Govern Bauzá (PP) ilegalizó la comercialización como turísticos de pisos en edificios residenciales.
Hoteleros, ecologistas y asociaciones vecinales ofrecen por ello otra solución bien distinta a ese alquiler en negro: sancionar de forma más dura y hacer más inspecciones contra las 120.000 plazas que se calcula que se están arrendando ilegalmente con la normativa actual, tan contestada como la reforma perseguida por el Govern del Pacto, que en su afán de buscar el equilibrio se ve atacado desde todos los frentes.
