Constructoras y subcontratas del sector de la construcción están recurriendo a prácticas de explotación laboral sancionadas en el Código Penal con hasta seis años de cárcel, en obras de reforma de hoteles y grandes centros comerciales y de ocio de Mallorca.
Según describen expedientes y sentencias judiciales a las que ha tenido acceso este diario, las constructoras subcontratadas para ejecutar los trabajos emplean a decenas de trabajadores, en su mayoría chinos, pero también muchos de origen mallorquín, a los que se les pagan salarios ilegales de seis euros la hora, un 35% menos de lo que marca el convenio de la construcción.
Entre las condiciones de trabajo que sufren estos operarios destacan algunas muy alejadas de las que cabría imaginar en una economía desarrollada, ligada además a un sector turístico que lleva años batiendo récords de rentabilidad y facturación: las subcontratas que hacen las obras para estrenar centros comerciales y elevar a niveles de lujo algunos hoteles aplican jornadas semanales de hasta 70 horas, hurtan los días de vacaciones a sus trabajadores y les obligan a acudir a su puesto en festivos que figuran como no laborables en el convenio.
Documentan algunos de estos episodios en el bufete laboralista Oltra Abogados, que ha ganado varias sentencias y tiene decenas de demandas más pendientes de juicio. La casuística es tan amplia y variada que el fenómeno va más allá de una concatenación de episodios aislados. "Son prácticas muy extendidas, habituales en distintos tipos de empresa hotelera, con un impacto de millones de euros", enfatiza Enric Oltra, abogado laboralista y funcionario de la inspección de la Seguridad Social en excedencia, que ofrece detalles y documentos que prueban decenas de casos de explotación.
Hay de todo, pero el afán de eludir la normativa laboral parece presente desde el primer instante: en la definición de la estructura empresarial de las obras, lo suficientemente opaca y escalonada como para diluir las responsabilidades. Se empieza por la contratación de una constructora de prestigio y el trabajo lo acaba haciendo una subcontrata insolvente. Es el caso de uno de los hoteles en los que se denunció la explotación, reformado en 2014 dentro de un plan privado para acabar con la mala imagen de Magaluf y elevar la calidad en Calvià. Recurrieron a una gran constructora nacional (de las que pugnaron por adjudicarse Son Espases), que, a su vez, encargó la reforma a una empresa de Cáceres, que ejecutó las obras con salarios de 6 euros la hora, algo ilegal en una comunidad en la que el mínimo para un peón roza los 10 euros. "Cualquier salario pactado por debajo de convenio es nulo. El Código Penal dice además en su artículo 311 que quien, mediante engaño o por estado de necesidad del trabajador, pacte salarios inferiores lo estipulado en la ley y los convenios incurre en delito castigado con entre seis meses y seis años de prisión", desgrana Enric Oltra.
La cosa no quedó ahí: la empresa cacereña del ejemplo entró en concurso de acreedores y los trabajadores se quedaron sin cobrar. Un total de 21 de esos empleados pusieron su situación en manos de los tribunales, que ya han dictado dos sentencias, aunque los trabajadores no acabarán de recuperar lo que se les debe: "La constructora principal deberá pagar los salarios que corresponden tras la quiebra de la subcontrata, pero no se hace cargo ni de la indemnización por fin de contrato y de obra", resumen en el bufete. ¿Y los dueños del hotel reformado? Eluden cualquier responsabilidad: en casos así, es habitual que puedan acreditar que pagaron a la primera empresa constructora. Siguen siendo responsables solidariosresponsables solidarios, sí, pero la cercanía a la ilegalidad se desvanece entre subcontratas.
De China a Pakistán
Hay casos aún más graves, en los que los trabajadores, simplemente, no vieron ni un euro. Eso les pasó a 37 empleados chinos que trabajaron en 2014 en la reforma de hoteles en Can Pastilla y Santa Ponça de tres cadenas locales de tamaño medio. Para las obras, acudieron a un intermediario mallorquín, que contrató los servicios de un empresario paquistaní sin patrimonio conocido, hecho que no impidió que se le confiase la remodelación de los hoteles. El paquistaní ofreció a sus 37 trabajadores sueldos por debajo del convenio (6 euros hora) y les impuso un cuadro de jornadas semanales de hasta 70 horas, sin días libres, ni derecho a descansar ni en festivo no laborable. Después se esfumó sin pagar un euro. Continúa en paradero desconocido, y con él siguen desaparecidos los 300.000 euros que adeuda a los empleados, y los millones que le reclaman sin éxito Hacienda y la Seguridad Social. La saturación de los tribunales hará que el caso de 2014 aún se vaya a juzgar en el mes de mayo.
El fraude sigue
Mientras tanto, la explotación y el fraude laboral continúan este invierno: como ha publicado este diario durante la última semana, están operando en la isla decenas de trabajadores que acuden a ejecutar reformas turísticas desde regiones como Canarias, Galicia, Valencia o Extremadura, cobrando de forma ilegal los sueldos que fijan los convenios de sus comunidades de origen, hasta un 50% más bajos de los que exigen las tablas salariales de obligada aplicación en Balears.
Por el camino quedan fuera del multimillonario negocio de la renovación hotelera los parados locales de la construcción y las empresas del sector en la isla.
