Los constructores de Balears han encontrado un aliado inesperado en su lucha contra la competencia desleal en las obras de hoteles en Mallorca. Leían en la edición del sábado y el domingo de este diario que durante esta temporada baja se ha intensificado la llegada a la isla de constructoras de fuera que pugnan por adjudicarse reformas hoteleras, aprovechando para ello ilegalmente los salarios entre un 30 y un 50% más bajos que marcan los convenios colectivos del sector constructor de sus comunidades de origen. Entre ellas destacan Canarias, Galicia, el Levante y Murcia. Pues bien, según explica a este diario María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas, en Canarias entienden a la perfección el enfado que esta competencia desleal causa a los empresarios baleares, más que nada porque ellos mismos experimentan en su propio archipiélago los efectos de este tipo de prácticas, consideradas un fraude por la Inspección de Trabajo.
"Estamos al tanto de lo que pasa en sus islas: a nosotros nos pasa igual, con empresas de otras comunidades e incluso extranjeras. En Canarias hay ventajas fiscales que animan a esa gente a competir, pero nos tienen muy quemados, porque se adjudican obras con precios imposibles para nosotros y luego ni siquiera las hace la empresa adjudicataria, sino que subcontratan a otras, que pagan salarios que nada tienen que ver con las que marcan las tablas salariales de los convenios", denuncia la líder de la patronal canaria de los constructores y los promotores.
Pide por ello "responsabilidad" tanto a los hoteleros que contratan las obras como a la inspección de Trabajo encargada de controlar el fraude. "El hotelero, en el momento que planifica unas obras de reforma y las adjudica, se convierte en promotor, y como tal es responsable solidario y subsidiario de las irregularidades que se cometan en su establecimiento con esos trabajos. El hotelero tiene que garantizar que se cumple la legalidad", recalca María de la Salud Gil, que recuerda que la normativa laboral es muy clara: hay que aplicar la tabla salarial del territorio en el que se hagan los trabajos.
Y las diferencias de costes salariales llegan a ser muy significativas. Un ayudante de obra cobra, según el convenio de Las Palmas, 20.907 euros al año, que se deberían convertir en 31.507 en el momento que ese mismo profesional empezase a trabajar en territorio balear y, por tanto, fuese de obligada aplicación el convenio colectivo balear, por mucho que la empresa sea originalmente canaria. El problema es que eso no siempre se hace, y en Mallorca estos meses construyen hoteles trabajadores que cobran los sueldos mucho más bajos de sus comunidades de procedencia.
Imposible competir
Por el camino, esos trabajadores son engañados al cobrar sueldos devaluados, mientras los constructores baleares y sus plantillas pierden contratos por un fraude que hace que no puedan competir. Simplemente, dicen, sus precios son mucho más altos, al pagar nóminas más generosas, que encima constituyen el coste de producción más relevante para una empresa de construcción.
Con un ejemplo queda claro. Estos días se están reformando e incluso construyendo desde cero hoteles en los que trabajan entre 50 y 100 operarios. En casi cualquier puesto, la diferencia entre el convenio balear y el canario ronda los 10.000 euros de sueldo anual. Multipliquen esos 10.000 euros por 100 trabajadores y verán por qué los constructores de las islas son de partida excluidos: su presupuesto, solo en salarios, supone un millón de euros más de coste al año. Sumen la cuantía también más elevada que aportan en cotizaciones esos empresarios locales en cotizaciones, y entenderán por qué los constructores de las islas braman contra una práctica que les priva a ellos de negocio y a los trabajadores de las islas, de empleo.
Y algo parecido pasa en Canarias, donde en vez de empresas canarias haciendo competencia desleal tienen subcontratas extranjeras, en muchos casos llegadas de países africanos con salarios sensiblemente más bajos. Por eso los empresarios canarios también reclaman más contundencia a la hora de inspeccionar contra una práctica que en la Conselleria de Trabajo de Balears definen como "doble fraude2: a los trabajadores, que no cobran lo que les corresponde; y a la Seguridad Social, que no recibe las cotizaciones más altas que acompañan a sueldos más elevados.
Más inspección
"Espero que ninguna de esas empresas que actúan irregularmente en Balears sea asociada nuestra. No creo, porque hacemos mucha concienciación al respecto y sufrimos el problema. Nos da igual si la competencia desleal es en Canarias o en Balears y si llega de Rusia o de Sebastopol: hay que aplicar la tabla salarial de cada territorio, y si no se hace, hay que denunciarlo, combatirlo y sancionarlo con contundencia", resume la presidenta de los constructores canarios, que pide además a la administración pública que dé ejemplo. "Las administraciones públicas, cuando sacan a concurso una obra, deberían tener en cuenta los costes reales de personal en cada región", impidiendo así la subcontratación de empresas que basan su negocios en salarios al margen de la ley.
Eso mismo han denunciado los sindicatos y empresas de la construcción de Balears, que no solo se ven desplazados de la pugna por hacerse con los 1.250 millones de euros invertidos en reformas hoteleras en los últimos cinco años: con sus costes más altos, también les cuesta competir por las escasas inversiones públicas que la crisis ha respetado.
