Decía en la pasada feria de turismo de Londres el vicepresident Biel Barceló (Més) que para lograr una ley de arrendamiento turístico que conjugase el derecho de toda la sociedad balear a acceder al negocio del turismo con la sostenibilidad económica y ambiental exigible en un sociedad del siglo XXI no les quedaría más remedio que enfadar un poco a todo el mundo. Ni los hoteleros podrían conseguir la prohibición total del alquiler turístico que pretenden y están tumbando todos los tribunales, ni los dueños de apartamentos en zonas residenciales obtendrían la barra libre que perseguían. Y si hay que juzgar por las primeras reacciones, Biel Barceló se ha apuntado un éxito: el borrador de reforma no satisface ni a los portavoces del negocio hotelero ni a los de la incipiente industria del alquiler vacacional, que de todos modos se mostraban en ambos casos ayer más contenidos de lo que suelen cuando el debate llega a un asunto que les toca tanto la fibra (y la cuenta de resultados).
La más cauta era Inma Benito, presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, que ponía el énfasis en que habían recibido el borrador a las 14.00 horas, solo unos minutos antes de que se hiciese público en prensa, y explicaba la intención que tienen de analizarlo con calma. "Lo que sí hemos observado ya es que según la Ley de Buen Gobierno, una reforma así tiene que venir acompañada de un estudio de impacto de la normativa, que no está incorporado a lo que han mandado desde el Govern", precisa Inma Benito, que lleva años defendiendo la importancia de que antes de hacer cualquier modificación en cualquier ámbito hay que medir el efecto que tendrá sola la economía de las islas y sobre su pilar fundamental, el turismo.
El futuro en juego
En ese sentido, la presidenta de la Federación Hotelera remarcaba ayer que con esta regulación turística las islas se arriesgan a "la quiebra del modelo turístico". "Nos jugamos la sostenibilidad económica de Balears en el futuro, por lo que debemos trabajar todos juntos en mejorar el bienestar de los ciudadanos", algo que la Federación no cree que se logre autorizando más alquiler turístico, sino restringiéndolo y, sobre todo, persiguiendo y sancionando la actividad ilegal. De opinión similar son en la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera, cuyo presidente, Juanjo Riera, lleva meses insistiendo en que "regularizar es lo mismo que legalizar", es decir, que lo que se vende desde el Govern como un proyecto para poner orden no es más que una forma de autorizar la actividad irregular que satura las islas, genera problemas de convivencia y ha provocado "una burbuja inmobiliaria en el mercado del alquiler".
"Un grave error"
Al otro lado de la trinchera, el alquiler vacacional disparaba con más intensidad. En APTUR, la asociación que agrupa a los propietarios de inmuebles dedicados al arrendamiento vacacional, consideran "un grave error" que el Govern "apueste por mantener el actual techo de plazas". Insisten en que eso provocará que queden fuera de la ley más de la mitad de las viviendas turísticas, toda vez que hasta llegar al límite máximo previsto quedan 45.000 plazas libres, pero hay más de 100.000 pendientes de regularizar. "Con esta medida no se da respuesta en absoluto a la realidad del mercado turístico", abundan en el colectivo presidido por Juan Estarellas.
Critican además que ahora todo quede en manos de los Consells , que deberán fijar incluso en qué zonas se autoriza el alquiler y en cuales se proscribe. "Eso mantendrá a los propietarios en la misma situación de inseguridad jurídica". El colectivo sí apoya en cambio medidas de la nueva ley como que haya que tener un número de registro turístico para poder anunciarse en AirBNB y otras webs y respalda la prohibición de alquilar a turistas viviendas de menos de diez años de antigüedad, algo que creen que ayudará a combatir la especulación inmobiliaria.
En APTUR confían en que el proceso de alegaciones que ahora se inicia y la posterior tramitación parlamentaria permitan matizar la ley. Aunque el Govern, en su exposición de motivos, no deja entrever muchos cambios y defiende claramente que pretende "evitar un crecimiento ilimitado de la oferta que pueda provocar masificación turística". Lo consiga o no, Barceló ya tiene lo que quería: una ley a medio de camino del enfado de todos, quizá el punto más cercano al equilibrio.
