Ya hay propuesta oficial para regular el alquiler turístico en Balears. Y los cambios son de calado. El Govern reformará la ley para permitir el arrendamiento de pisos a turistas en edificios residenciales plurifamiliares. Así que alquilar el piso del 5ºB a viajeros o el apartamento del 3ºA dejará de ser ilegal. Pero no en cualquier circunstancia. Para empezar, las comunidades de vecinos deberán dar el visto bueno al uso turístico de los pisos del edificio. Si no está permitido de forma expresa en los estatutos de la comunidad, será preciso incorporar una autorización por parte de los propietarios, que tendrán que aprobar por mayoría el arrendamiento a viajeros.
El Govern busca con este requisito evitar problemas de convivencia, aunque es una propuesta más blanda que otras que se han planteado por ejemplo en Eivissa, donde han llegado a proponer que solo se pueda alquilar a viajeros con la autorización unánime de la junta de propietarios. Además, según demanda la nueva ley, el comercializador del alquiler ha de encargarse de exigir la marcha en menos de 24 horas del cliente que altere la convivencia.
El Govern quiere además garantizar que la ley se cumple, para evitar que se repita la situación actual, en la que el alquiler a turistas está prohibido en edificios plurifamiliares, pero se hace de forma masiva gracias a la acción de webs como AirBNB o HomeAway. Cuando la reforma entre en vigor, estas webs y cualquier otro agente comercializador podrán incorporar a su oferta solo las viviendas que estén inscritas de forma legal en el registro de Turismo. Si no cumplen, tanto el propietario como las webs se exponen a multas, que además serán más severas, tanto para la empresa comercializadora como para el dueño del inmueble: el Govern eleva las sanciones del actual mínimo de 4.001 euros a 20.000 euros, aunque el importe de la sanción puede ser de hasta 40.000 euros. El Ejecutivo persigue de este modo que los castigos sean ejemplarizantes y disuasorios, con el objetivo final, dicen, de acabar con los “perjuicios” que la oferta ilegal está causando a la ciudadanía. Entre ellos, el Govern destaca la falta de pisos de alquiler para residentes, así como la fuerte subida de precios detectada tanto en los precios de compra como de arrendamiento. En el Ejecutivo de hecho recalcan que el turismo de alquiler genera riqueza que ha de ser compartida, pero sostienen en los fundamentos de la ley que ese reparto del negocio debe ser compatible el derecho a la vivienda y la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Y hay más. En cuanto el Govern saque adelante su reforma, presentada hoy como anteproyecto de ley y con entrada en vigor prevista para antes antes del próximo verano, solo estará autorizado alquilar a turistas viviendas que cuenten con cédula de habitabilidad, poniendo así coto a los alquileres detectados en construcciones ilegales o incluso casas fuera de la ley en suelo rústico. Los turistas tampoco podrán alojarse en todas partes: el Govern deja en manos de los Consells Insulares y del Ayuntamiento de Palma la definición de las zonas en las que se autoriza el alquiler turístico y las que se dejan solo y exclusivamente para uso residencial.
Esta modificación está diseñada a medida de Eivissa, donde la saturación turística vivida en los últimos veranos y las dificultades de los residentes para encontrar vivienda han movilizado a una sociedad que mayoritariamente se opone al alquiler turístico generalizado, rechazoque en la última temporada también empezó a percibirse en Palma. Con la reforma, los Consells Insulars y el Ayuntamiento de Palma podrán determinar qué densidad máxima de población admiten en cada territorio y tendrán la capacidad de limitar el número de plazas turísticas en cada zona, llegando incluso al extremo de poder prohibir el alquiler turístico donde determinen: según recoge la reforma del Govern, de hecho, solo estará permitido alquilar a turistas en la zonas definidas para ello por los Consells y el Ayuntamiento. El proceso de zonificación traslada así la batalla por el reparto del pastel turístico a las administraciones locales, que tienen en sus manos herramientas para definir todos los detalles del modelo de turismo.
Entre esas herramientas destaca la posibilidad de definir un nuevo techo de plazas turísticas en cada isla, que el Govern defiende para evitar nuevos veranos de saturación como los últimos. "Se ha detectado una enorme presión sobre el territorio, las carreteras, las infraestructuras, el medio ambiente y los recursos, que hace necesario un estudio preciso para cada isla, con el que se fije un techo máximo de plazas turísticas efectivo y real, tanto para los alojamientos turísticos [hoteles y similares], como para las estancias en viviendas residenciales [pisos y casas vacacionales]", destaca el Govern en la nueva ley, que deja en manos de los Consells la determinación del techo de plazas turísticas para cada isla.
Y mientras ese nuevo máximo de alojamientos para turistas ve la luz, seguirá en vigor el existente desde el año 1998. Aunque aquí también hay cambios de calado. El fundamental afecta al propio funcionamiento de la bolsa de plazas a la que hay que recurrir obligatoriamente cada vez que se pone una nueva cama de hotel. A ese sistema, que permite solo incorporar habitaciones cuando se compran en la bolsa y se cierran en otro lugar, se incorporará la oferta de alquiler en edificios plurifamiliares. Con lo que para arrendar un piso de ocho plazas hay que comprar esas ocho plazas en la bolsa de cada isla. Y pagarlas al precio que marque cada Consell Insular, que en el caso de las camas en edificios plurifamiliares expedirá autorizaciones válidas para cinco años, tras los que habrá que renovar la concesión.
El Govern quiere además frenar la especulación con el uso turístico de la vivienda, a la que atribuyen la burbuja inmobiliaria que empieza a observarse en las islas como consecuencia del alquiler a viajeros. Para atacarla y controlarla, establecen dos límites nuevos. Primero: no se podrán dedicar a uso turístico viviendas de protección oficial. Y segundo: solo se pueden arrendar pisos y casas con más de diez años de antigüedad, con el objetivo de evitar así inversiones inmobiliarias en zonas residenciales, pero pensadas solo para el alquiler turístico.
Hay igualmente medidas para frenar el intrusismo del alquiler turístico en el negocio hotelero. La más clara es la prohibición de alquiler pisos por habitaciones. En aparente contradicción con esto, luego el Govern reclama al arrendamiento turístico servicios de calidad más parecidos a los que prestan los hoteles: quien quiera alojar a viajeros en su vivienda deberá por ejemplo tener un servicio de atención telefónica durante las 24 horas del día, así como limpiar antes de cada nueva entrada y responsabilizarse de que el alojamiento tenga enseres básicos y ropa de cama. Para cribar la oferta de peor calidad, solo se permitirá el arrendamiento turístico en edificios adaptados a la normativa de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Y los comercializadores de alquiler turístico, como ya hacen los hoteleros, deberán identificar a todos los inquilinos e informar a la policía para cumplir la normativa de seguridad ciudadana.
El recorrido hasta la aprobación de la normativa aún deparará cambios y sorpresas. Ahora el anteproyecto queda abierto a alegaciones. Después pasará al Parlament como proyecto de Ley. Y es previsible que se apruebe, toda vez que en esencia se ciñe a las promesas en materia de alquiler turístico del acuerdo de Govern del PSOE y Més con Podemos. La idea del Govern es que la nueva normativa entre en vigor antes del próximo verano.
