Apenas hay promociones de vivienda nueva y el alquiler turístico está disparando la cotización de los pisos usados. Ambos factores, desgranados en las últimas semanas por constructores, promotores y agentes de la propiedad inmobiliaria de las islas, arman una combinación que explica que Balears sea con Cataluña la comunidad en la que más aumentan en el último año los precios de los pisos, según los datos que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Índice de Precios de la Vivienda documenta que el valor de los inmuebles en las islas se ha incrementado un 5,4% durante el último año, una subida más vertiginosa que el 4,1% del conjunto del Estado. Y eso que el dato nacional está distorsionado por el peso de las comunidades de Madrid y Cataluña, las únicas que, como Balears, están protagonizando una aceleración inmobiliaria similar a la balear, con incrementos también superiores al 5%. Que son excepcionales: el resto de España sigue sumida en la atonía inmobiliaria, con avances en los precios siempre inferiores al 3%.

Los precios de la vivienda en las islas están engordando el doble de rápido que en la mayoría de España. Aunque hay que introducir matices de peso, que a la vez explican la situación. Para empezar, la vivienda nueva no sube tanto de precio en las islas. ¿Por qué? Lo explicaban este domingo en Diario de Mallorca portavoces del sector inmobiliario, que aclaraban que es imposible que suba de precio lo que no existe: apenas hay promociones de obra nueva en marcha y lo que llega sobre todo a los ayuntamientos son proyectos de rehabilitación. Con lo que sobre todo se vende vivienda de segunda mano, encima revalorizada por la rentabilidad que está ofreciendo el alquiler turístico, muchas veces ilegal (en Balears está prohibido y sancionado arrendar a turistas en edificios de pisos residenciales). Así se entiende que la vivienda usada se haya encarecido en el último año más del doble que la nueva: sube un 5,7%, frente al 2,3% de los pisos recién construidos.

A esta diferencia contribuye un factor clave: según documenta el Instituto Nacional de Estadística, los pisos nuevos cuestan un 26% más que los usados, margen que inclina a los inversores en favor del piso usado, sobre todo cuando luego se va a rentabilizar con alquiler a turistas. El alza en los precios deja a Balears como la comunidad con el coste medio del metro de vivienda más caro del Estado, realidad que se acentuará en los próximos meses: según explicaba en la edición del domingo de este diario el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, José María Mir, los precios de la vivienda van a seguir subiendo con fuerza en unas islas que "están inmersas en otra burbuja, esta vez causada por el alquiler turístico".

Los nuevos límites al alquiler turístico

Cobra así mayor importancia la reforma legal en la que trabaja el Govern para regular el alquiler turístico. Se conocerá en las próximas semanas, aunque el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló (Més), ya ha confirmado varios puntos. Primero: se permitirá lo ahora prohibido, es decir, el alquiler a turistas en pisos de edificios plurifamiliares residenciales (es decir, turistas en el 1ºB o el 6ºC). Segundo: habrá un límite máximo de plazas disponibles para alquiler turístico, y el que no entre en el cupo no podrá alquilar (se repartirán unas 40.000 plazas entre las 120.000 que se estima que ahora se alquilan ilegalmente a viajeros). Tercero: para conseguir esas plazas habrá que cumplir unos requisitos mínimos de calidad y servicio, amén de recaudar el Impuesto de Turismo Sostenible (ecotasa). Cuarto: las web especializadas en alquiler turístico, tipo AirBNB o Homeaway, solo podrán subir a su oferta de alquiler a turistas los pisos que cuenten con una autorización del Govern. Y quinto y quizá más importante: el Govern reforzará el servicio de inspección del alquiler turístico y elevará la cuantía de las multas, con el objetivo de que tengan el efecto que no logran ahora, disuadir de la ilegalidad en el arrendamiento a través de AirBNB y compañía.

Todo esto, combinado con una Ley de Vivienda que se está tramitando en el Parlament para castigar la especulación inmobiliaria por parte de bancos y empresas que acumulan viviendas vacías, pretende poner orden en el sector y acabar con problemas sociales como los que genera la falta de oferta asequible, que pone los alquileres a mil euros y expulsa a los residentes de zonas de moda entre los turistas, como casi toda Palma.