La misma administración que el lunes presumía de los logros de su inspección de Trabajo en la lucha contra la precariedad laboral resulta que es una inmensa generadora de explotación. Lo denuncian en el sindicato CC OO, en el que reconocen el esfuerzo del Govern del Pacte para reducir los abusos en el sector privado, pero advierten de que la propia administración autonómica, y otras como consells y ayuntamientos, están subcontratando a empresas que someten a sus empleados a condiciones de precariedad, bajos salarios, y excesos en horarios y cargas de trabajo.
Los abusos, dicen en CC OO , se concentran sobre todo en el sector de la limpieza, que da empleo en las islas a 5.000 personas, la mayoría de ellas mujeres, con salarios que rondan los mil euros al mes. Para denunciar estas situaciones de explotación el sindicato convocó ayer paros y movilizaciones, que llevarán las quejas de las trabajadoras ante las sedes de algunas empresas de limpieza y ante las instituciones públicas que las subcontratan.
Entre ellas destaca el IB-Salut: el sistema sanitario público es, según el sindicado CC OO , fuente habitual de explotación laboral. "Estamos hablando de situaciones que afectan a la limpieza de hospitales como el de Manacor, Son Llatzer y Son Espases", recalca Miguel Pardo, secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras en Balears.
Hospitales, cuarteles y colegios
Aunque no todo es sanidad, ni mucho menos. Según detalla el propio Pardo, las situaciones que denuncian afectan a los servicios de limpieza subcontratados "en colegios públicos y privados, centros de salud, consells insulars, ayuntamientos como el de Palma y otros muchos, cuarteles o la Universidad". Los abusos, dicen, se repiten en el sector privado: la mayoría de las grandes superficies comerciales recurren a los servicios de estas empresas que, según CC OO, mantienen en la precariedad a sus empleadas, a las que someten a "cargas de trabajo desproporcionadas, estresantes ritmos de trabajos y abusos en la contratación temporal y a tiempo parcial".
No ocurre en cambio en los hoteles, que en Balears están obligados a incluir a sus profesionales de limpieza en el convenio de hostelería, con lo que se evita la subcontratación en condiciones precarias que sí se da en establecimientos hoteleros de otras comunidades.
El problema de fondo es que, pese a lo anunciado en abril por el Govern del Pacte, las administraciones públicas, cuando adjudican un contrato, no siempre incluyen cláusulas sociales que exijan una calidad laboral mínima. Y cuando introducen estas condiciones laborales, después no hacen seguimiento del cumplimiento de los pliegos. En Comisiones Obreras de hecho avisan de que se siguen dando abusos en subcontratas del Govern (como las de Sanidad) y que, en cualquier caso, esas cláusulas sociales del Ejecutivo autonómico no están encontrando réplica en consells insulares y ayuntamientos. "Luego además no se hace seguimiento del pliego, con lo que por ejemplo las empresas que prestan servicio de limpieza en algún edificio público van sufriendo bajas de trabajadoras, que no son sustituidas, con lo que la carga de trabajo se dispara para el resto de compañeras", ejemplifica Miguel Pardo, que destaca el esfuerzo hasta ahora del conseller de Trabajo del Govern, Iago Negueruela, pero cree precisa más presión.
Empresas especiales de empleo
Quieren evitar con ello por ejemplo los abusos en algunos ayuntamientos, que están forzando a trabajadoras que llevan años con contrato fijo a convertirse en contratadas de tipo fijo-discontinuo. También critican los efectos perniciosos de "la moda de las empresas especiales de empleo", concebidas para facilitar puestos de trabajo a personas con discapacidad, pero utilizadas de facto para rebajar costes de plantilla. O eso advierten en CC OO, donde explican que ese tipo de empresas tienen que tener un 70% de empleados con discapacidad, cuya situación se emplea para ahorros de costes, toda vez que pagan menos a sus contratados: "En el hospital de Inca por ejemplo recurren a una de estas empresas, que paga unos 700 euros al mes, con lo que en el mismo centro de trabajo tienes a estos empleados a 700 euros, mientras el resto reciben mil".
Por todo ello, en el sindicato exigen una mayor implicación de la administración en la lucha contra la precariedad, empezando por la asociada a sus propios centros de trabajo. Empezarán las protestas con paros y movilizaciones, pero no descartan convocar una huelga en las empresas que incumplen.
