El juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha abierto juicio oral contra la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar y el exvicepresidente Miquel Nadal por beneficiar a una empresa con unos 3 millones de fondos públicos, hechos por los que la Fiscalía pide para ellos 7 años de prisión.
Además de Munar y Nadal, por el denominado caso Studio Media están también acusados los exconsellers de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y de Territorio Bartomeu Vicens y los que fueran secretario técnico de Vicepresidencia Antoni Moragues, y coordinador de servicios de la institución Miquel Àngel Grimalt, así como dos empresarios, Alfredo Conde y Elizabet Diéguez.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los altos cargos del Consell se concertaron con dos empresarios para beneficiar de manera arbitraria con fondos públicos a partir del año 2000 y por más de 3.000.000 de euros a Studio Media Comunicación, una sociedad próxima a miembros destacados del partido Unió Mallorquina (UM).
El plan de beneficiar a esa empresa con fondos públicos de los que podían disponer en el Consell se hizo "con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública", evitando la concurrencia, licitación e intervención de terceros en las contrataciones y con documentación oficial falsa, según recoge el escrito de acusación de la fiscalía.
Según el ministerio público, la empresa que luego sería beneficiada con fondos públicos se creó para concurrir a un concurso público de un servicio de radio en el año 2000, cuando éste todavía no se había convocado y sabiéndolo de antemano.
La contratación fue "tan irregular" que la empresa no cumplía los requisitos legales para poder ser contratada por ninguna administración y además carecía de locales, personal, material técnico y solvencia económica.
Aunque los funcionarios que intervinieron en la contratación advirtieron a Nadal de sus sospechas de manipulación y de que faltaba documentación, la contratación se llevó a cabo.
El tercer contrato, prórroga de los anteriores, fue acompañado de un documento oficial fraudulento ya que se adjuntó un informe del director insular de Sistemas de Información que él aseguró no haber realizado. Un informe pericial confirmó que la firma de ese informe no era de su supuesto autor.
La Fiscalía considera que Munar "toleró y consintió" las irregularidades y permitió la adjudicación y el contrato porque favorecía a personas próximas a UM.
La empresa no cumplió sus obligaciones porque no inició la emisión en vivo hasta seis meses después de empezar a cobrar y usó una frecuencia local emitiendo a una potencia ilegal.
Además el precio que se pagó por el contrato y sus prórrogas era "muy superior" al de mercado, y la compañía destinó parte del dinero público a patrimonio privado.
El fiscal acusa a Munar y Nadal de delitos continuados de prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y falsedad documental y pide una condena de 7 años de prisión para cada cual, 5 millones de euros de multa e inhabilitación especial para cargo público por más de una década.
Tanto Munar como Nadal cumplen en la actualidad prisión por condenas anteriores.
Además reclama que los dos, así como Vicens y los dos empresarios indemnicen conjunta y solidariamente con 704.000 euros al Consell de Mallorca por los fondos públicos que se pagaron sin que hubiera ninguna emisión de radio y por la diferencia entre lo pagado y el precio de mercado.
Para Vicens, la Fiscalía pide 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación, así como multa de 5 millones; y para Flaquer, Moragues y Grimalt 8 años de inhabilitación. Para Conde y Diéguez reclama 4 años de prisión y 8 de inhabilitación, así como idéntica multa de 5 millones.
