La lucha contra la explotación rescata a 8.844 trabajadores de la precariedad

Y ya es alta. En lo que va de año desde el Govern balear y el Ministerio de Empleo han ejecutado 15.425 controles de trabajo en empresas, algo más de 50 inspecciones cada día. El resultado directo ha sido un aumento del 83% de las actas de infracción abiertas, que pasan de las 612 del año pasado a 1.118 en esta campaña. Casi el doble. También crece con fuerza el número de trabajadores beneficiados por mejoras de condiciones laborales como consecuencia de inspecciones: fueron 5.894 en 2015 y este año la cifra va ya por 8.844, un 50% más.

El enorme salto cuantitativo tanto en el número de multas como en el de trabajadores favorecidos por la lucha contra la explotación se suaviza cuando se mira la cuantía total de las multas, que engorda mucho menos, un 27%, hasta los 2,8 millones de euros. ¿Por qué? Pues según explica el propio Iago Negueruela, porque el objetivo principal es que los trabajadores salgan de la irregularidad, no tanto recaudar.

Pese a ello, el conseller e inspector de Trabajo aprovechaba la ocasión para exigir al Ministerio de Empleo del Gobierno central que endurezca las multas por infracciones que afectan a las condiciones de trabajo. "Es donde estamos viendo mayores incrementos de las infracciones. En lo más duro de la crisis las irregularidades se centraban en las falta de alta (en la Seguridad Social, es decir, trabajadores en negro) pero ahora vemos que la actividad irregular se concentra en incumplimientos de horarios, condiciones de descansos, horas extra, irregularidades con los contratos a tiempo parcial y temporal. Por eso esta mañana nos hemos reunido con las organizaciones sindicales y empresariales y hemos pactado actuar en esa línea, con la idea de reducir las irregularidades relacionadas con la precariedad laboral".

¿Cómo lo harán? Pues según desgrana el conseller, para el próximo año hay 17.421 inspecciones de trabajo previstas, incluido un plan contra la subcontratación y refuerzos en las actividad inspectora tanto en materia de salud laboral como de calidad de la contratación y las condiciones de trabajo. "No es tanto que haya hoy más fraude que hace unos años, como que hay un incremento de la inspección y eso da resultados. Se trata de que vayamos dando cada vez menos margen al incumplimiento, para mejorar así la situación de los trabajadores. La mayoría de las empresas cumplen con la legalidad, pero las que no lo hacen causan graves perjuicios a los trabajadores, precisamente en un momento en el que deberían estar empezando a notar la mejora del ciclo económico", reflexiona Negueruela, que considera que la mejora económica no acabará de llegar a los salarios hasta que se avance desde Madrid en medidas como el aumento del salario mínimo.

Eso está solo en manos del Gobierno Rajoy, pero mientras desde Madrid se deciden a impulsar reformas que ayuden a recuperar los salarios perdidos. Que son muchos: según datos de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística, los trabajadores de las islas están cobrando al año 1.200 millones de euros menos en nóminas que cuando arrancó la crisis. De ahí la presión inspectora, que hasta ahora fue para acabar con la actividad sin contrato, y una vez reducida, se reformula para atacar los abusos sobre la jornada, los sueldos y los contratos. Y en todos los sectores, aunque empezando por restauración y hostelería, detalla el conseller Negueruela, que asegura que entre ambas ramas absorben más de la mitad de los controles y sanciones. "Esos dos sectores, junto a comercio y construcción son el 90% de las inspecciones, como corresponde por su peso económico", abunda el conseller, que añadía que en el plan inspector de 2017 pondrán el foco por ejemplo en los sobreesfuerzos que se le exige a trajabadores como las camareras de piso, los profesionales del handling de los aeropuertos, los de los servicios de limpieza y lo de residencias, por citar algunos de los que más abusos sufren.