El Govern pretende esquivar el control del Consell Consultiu para realizar pagos sin partida presupuestaria y pactados de forma verbal con los proveedores. Es el llamado reconocimiento extrajudicial de deuda que se lleva a cabo cuando se contratan trabajos o se realizan compras por la vía de urgencia y sin previa reserva del presupuesto o concurso público. Cada uno de estos pagos necesita un dictamen preceptivo del alto órgano jurídico de la Comunidad Autónoma para poder realizarse y siempre estos dictámenes del Consultiu han sido muy críticos con el Govern y los ha calificado de "pagos irregulares".
La conselleria de Hacienda ha incluido una disposición adicional en la Ley de Presupuestos con la que pretende saltarse el informe preceptivo del Consell Consultiu y que pueda ser directamente el Consell de Govern quien autorice el abono de las facturas. El principal argumento para esta medida es el de reducir el promedio de pago a proveedores que controla el Gobierno central y en el que Balears está a la cola de España.
El IB-Salut es el organismo del Govern que ha utilizado más esta fórmula en las últimas legislaturas. Consiste en declarar el contrato nulo, al no existir partida, y luego iniciar una tramitación adicional como reconocimiento extrajudicial de deuda. El ente sanitario del Govern lleva años con este método para la adquisición de medicamentos, material sanitario o incluso se han llegado a pagar conciertos de operaciones quirúrgicas con la sanidad privada mediante esta fórmula. Se trata de partidas que superan los varios millones de euros.
El Partido Popular ya ha anunciado una enmienda en la Ley de Presupuestos de 2017 donde pedirá la supresión inmediata de esta disposición adicional. El diputado popular Antoni Camps explicó que "es necesario la reducción del periodo medio de pago a proveedores, pero no nos parece correcto que sea a costa de saltarse controles y entregar la decisión en manos del Consell de Govern".
La disposición adicional número once de la Ley de Presupuestos que el Govern ha entrado en el Parlament, y que está en fase de alegaciones, apunta que "se trata de una fórmula que asegure el control del máximo órgano de la Comunidad Autónoma, en este caso el Consell de Govern, de las deudas que se reconozcan a terceras personas por razones de operaciones comerciales". Después de referirse a que se trata de "encargos de urgencia", como es el caso de la compra de medicamentos para los hospitales, habla de que el retraso en la tramitación de estas facturas contratadas de forma verbal, y con dictamen del Consell Consultiu preceptivo, "incide muy negativamente en el periodo medio de pago a proveedores que debe ser como máximo de 30 días".
Desde la conselleria de Hacienda reconocieron que el periodo medio de pagos a proveedores de Balears es de los más elevados y ello ha provocado que desde el ministerio de Hacienda hayan advertido en dos ocasiones al Govern que pueden quitarle la competencia de estos pagos al superar los 60 días.
También apunta que el dictamen preceptivo del Consultiu retrasa de forma importante el pago a estos proveedores y creen que mediante esta medida, que autorice los pagos el Consell de Govern, se agilizarán los trámites. Apuntan que se trata de compras como medicamentos o materiales sanitarios específicos, que no hay duda que son necesarios.
Sin embargo, desde el PP recordaron que ellos dejaron el periodo medio del pago a proveedores del Govern a 41 días y también necesitaban contar con el control del órgano jurídico.
Hacienda también comenta que está intentando erradicar esta práctica del IB-Salut, mediante la suscripción de contratos programas con las empresas proveedoras o bien con la centralización de las compras de todos los hospitales públicos.
