El próximo martes el Parlament aprobará la Ley Reguladora de la Oficina Anticorrupción que prevé multas de hasta 100.000 euros a los cargos políticos y funcionarios que obstruyan investigaciones sobre esta materia. La oficina estará ubicada en el Parlament y contará con personas de reconocido prestigio en el campo de la ética y la jurisprudencia para investigar los casos.

No obstante, el PP ha mostrado sus reservas al régimen sancionador de esta ley y ha pedido que se solicite un informe al Consell Consultiu sobre esta cuestión. La portavoz popular, Margalida Prohens, argumentó: "Tenemos dudas de que el poder legislativo pueda dictaminar un régimen sancionador. Creemos que debe ser el poder ejecutivo".

Desde el Pacto, tanto Més, como Podemos como el PSIB acusaron a los populares de querer "dilatar la aprobación de esta ley, ya que hace meses que se está tramitando en la cámara y hasta ayer no pidieron el informe del Consultiu. Ciudadanos cree que también es conveniente este informe, pese a que considera bastante bien consensuada la norma.

Por otra parte, el pleno del martes también aprobará la modificación de la Ley de Capitalidad de Palma para cambiar el nombre de la ciudad y que deje de llamarse Palma de Mallorca.