El juez Juan Manuel Sobrino abrió ayer juicio oral contra la exvicepresidenta del Consell de Mallorca con Unió Mallorquina (UM) Dolça Mulet por, presuntamente, desviar un millón de euros públicos para financiar entidades dirigidas por militantes de ese partido y captar votos. La fiscalía anticorrupción acusa, en el llamado caso Ayudas, a Mulet y a otros 11 encausados más de constituir una trama de malversación de caudales mediante subvenciones.

La fiscalía reclama penas de 6,5 años de cárcel para Dolça Mulet y Juan Josep Mas, vicepresidenta y director insular de Patrimonio del Consell de Mallorca entre 2003 y 2007, a los que acusa de encabezar una trama dedicada a desviar fondos públicos de esa institución para gratificar a militantes de UM o captar votos para esa fuerza. Mulet, Mas y otras 10 personas serán juzgadas por el caso Ayudas, iniciado en 2006 y que causó un presunto quebranto para el Consell próximo al millón de euros.

La fiscalía formuló su escrito de acusación contra Mulet y Mas y diez dirigentes de cuatro asociaciones de la órbita de UM: Miguel Artigues, Antonio Galmés, Antonio Burgos, Magdalena Rigo, María Magdalena Burguera, Nadal Real, Jaime Font Font, Miguel Oliver, Pedro Vanrell y Ágata Guillermina Costa.

Pese a que la acusación pública coloca a estos diez acusados por debajo en la presunta red de Mulet y Mas a algunos de ellos se les piden penas de casi 8,5 años de prisión, mientras que para el resto se solicitan condenas de casi 5 años de privación de libertad.

La fiscalía mantiene que Mulet y Mas por sí solos, o instigados por otros dirigentes de UM, decidieron beneficiar con dinero del Consell a militantes y simpatizantes del partido y aprovechar también los fondos públicos para captar votos entre payeses, cazadores y ciudadanos en general.

Para ello constituyeron cuatro entidades dirigidas por militantes con los que mantenían estrechas relaciones y a los que ayudaron a fundar las citadas asociaciones.

Los beneficiados con aquella red fueron la Associació d´Activitats Socioculturals; la Associació per la Conservació i Difusió del Patrimoni; la Associació Agrícola i Ramadera Fora Vila y la Associació de Societats de Caçadors.

La primera entidad recibió 372.000 euros en ayudas públicas entre 2004 y 2005 y tenía apalabrados para el 2006 otros 200.000; la segunda cobró 120.000 euros y le habían prometido 156.000 para el 2006; Fora Vila percibió unos 76.000 euros y las previsiones eran de otros 84.000 para el 2006; y la asociación de cazadores disfrutó de unos 305.000 euros y pensaba cobrar 223.000 para 2006. La acusación mantiene que las actividades organizadas por las asociaciones afines a UM no tenían utilidad alguna para la sociedad.