Las presiones de Xelo Huertas para que Podemos boicoteara los presupuestos del Govern por haber suprimido la financiación a su aliado Daniel Bachiller rozaban lo delictivo. Así lo interpretaron desde el equipo legal de Podemos, que advirtió a la presidenta del Parlament y a la diputada Montse Seijas de que su insubordinación no solo vulneraba el código ético de la formación morada; también podía infringir el Código Penal.

El aviso de ilegalidad se vertió el 1 de noviembre pasado en el chat interno de la cúpula podemista en las islas, un grupo de Telegram que comparten los 26 miembros de la dirección donde Huertas y Seijas anunciaron que votarían en contra de las cuentas autonómicas.

"Condicionar el 'sí' o 'no' de Podemos a los presupuestos al hecho de que se mantenga o no en vigor el laboratorio de Bachiller puede ser delito de tráfico de influencias o de cohecho, dependiendo de quien negocie". Así de tajante se expresó Aina Díaz, responsable del área legal de Podemos en Balears y miembro del equipo de abogados del partido a nivel estatal.

Huertas anunció el pasado 31 de octubre en dicho foro de mensajería móvil su veto a las cuentas del Govern para 2017, que en el próximo pleno del Parlament deberán sortear su primer escollo: "Votaré 'no' a los presupuestos. Estos socios [PSIB y Més] han dejado sin trabajo a un compañero [Daniel Bachiller]. No pienso tragar", adelantaba la presidenta de la Cámara sus planes en el citado chat.

El próximo martes empiezan a votarse los presupuestos en el Parlament, unos números a los que Podemos ha comprometido su apoyo mediante la firma de su secretario general, Alberto Jarabo. La declaración de Huertas de romper la disciplina de voto, secundada por la diputada Seijas, puso en alerta al núcleo duro de Podemos.

Ante el órdago lanzado por Xelo Huertas con el respaldo de Montse Seijas, el secretario de organización del partido, Alejandro López -mano derecha de Jarabo- las apercibió delante del resto de dirigentes de que su actitud contravenía la filosofía de Podemos.

"Si tienes que abrir un expediente, puedes empezar. Votaré 'no' a los presupuestos", insistió Huertas en su desafío, a lo que el número dos de la formación respondió que su postura era susceptible de ser denunciada. "Si consideras que debes ir a los tribunales, ya sabes", le espetó entonces la presidenta Huertas.

Un día después del acalorado debate, el 1 de noviembre López recurrió a la ayuda de la asesoría legal del partido. "No se puede vincular la negociación de los presupuestos de la Comunidad al tema de Bachiller (ni directa ni indirectamente, ni expresa ni tácitamente, ni camuflándolo dentro de la I+D+i)", señaló por mensaje la letrada Díaz.

En un mensaje sin ningún tipo de rodeos, la abogada hace hincapié en que la conducta expuesta por Huertas coloca al partido en una posición delicada e inasumible. Y ya informa de las consecuencias para los que secunden la rebelión: "Más allá de la vía penal -es una aberración que desde una dirección se planteen salidas políticas que puedan poner a Podemos bajo la lupa de fiscalía anticorrupción-, una salida política que prima un interés particular al interés general de la ciudadanía (por muy loable y digno y legítimo q sea ese interés) implica expulsión del partido".

Hecha la advertencia, el chat de Podemos continúa con el secretario de organización, que recalca que desde "el área legal informan del posible delito que se puede cometer". La presidenta del Parlament ya lleva entonces callada bastante rato, y no vuelve a anunciar su voto negativo.