El investigador podemista Daniel Bachiller, epicentro de la crisis institucional de esta comunidad, apenas aportó 47.000 euros, concretamente 47.402,86, para el mantenimiento de la infraestructura científica pública de esta comunidad que acogía y financiaba sus investigaciones en el trascurso de los diez años en los que, para mayor escarnio, había recibido casi un millón de euros para llevarlas a cabo. Escaso retorno de menos de cincuenta céntimos por cada diez euros recibidos.
Estos 47.402 euros fueron la cantidad aportada por Bachiller desde la creación de la Fundación Caubet Cimera, en el año 2005, hasta el mes de junio de 2015, periodo en el que este científico recibió casi un millón de dinero público en concepto de salario, cuando era trabajador de la citada Fundación, y por el pago de los sueldos de dos ayudantes en esta década, como reveló este rotativo en su edición de ayer.
Los 47.402 euros que retornó Bachiller corresponden a las partidas conocidas en la jerga científica como overheads y que no es otra cosa que un porcentaje de los fondos que obtiene un científico para un proyecto de investigación con los que contribuye a sufragar los gastos de funcionamiento y el mantenimiento de la institución que está acogiendo sus trabajos, el pago de la luz, la limpieza y otros dispendios.
El doble en dos años menos
Esta cantidad fue aportada por el investigador podemista a la Fundación de Investigación Sanitaria de Balears (FISIB) entre los años 2005 y 2015 y, por su escasa cuantía, no resiste ningún tipo de comparación.
José Antonio Bengoechea, el otro investigador del CSIC que participó en los proyectos de investigación llevados a cabo en los laboratorios del Joan March hasta que cambió de destino y se mudó a Irlanda en agosto de 2013, retornó a la FISIB en concepto de overheads un total de 115.413 euros. Más de doble de la cantidad de Bachiller en dos años menos, desde 2005 a 2013.
Pero esta escasa aportación no ha sido el único traspié que ha cometido el investigador de la formación morada. Según refleja un informe interno de la conselleria de Salud sobre la actividad científica de los últimos años, la FISIB dejó de ingresar más de 16.239 euros porque a tres proyectos privados conseguidos por Bachiller con una dotación total de 85.932 euros no se les aplicó los overheads correspondientes.
Gestora personal
En el citado informe se investigó sobre las causas de esta omisión y se llegó a la conclusión de que la única persona que gestionaba los proyectos de Bachiller era Mónica Castresana y que cuando esta administrativa del FISIB presentaba a firma los convenios aseguraba que contaban con el visto bueno de la asesoría jurídica.
Pero ni ésta ni los servicios jurídicos de la conselleria de Salud fueron consultados para la firma de los citados convenios, sobre los que no se halló informe alguno, según determinó la investigación interna.
En ese momento, la dirección del FISIB "se percató de que se estaba haciendo una excepción con los proyectos del doctor Bachiller" y procedió a "quitar" a Castresana la responsabilidad de la gestión de los proyectos privados del investigador podemista.
Pese a esta decisión, en estos momentos Mónica Castresana sigue siendo la principal gestora de los proyectos científicos de Bachiller, la administrativa que redacta los convenios con los organismos que financian la investigación y decide qué cantidades se destinan a personal de apoyo, cuáles a material de laboratorio, qué dinero se gasta en reactivos o el porcentaje que debe sufragar los gastos corrientes de la Fundación bajo cuyo paraguas estás trabajando, según aseguraron fuentes conocedoras de este mundo.
En otro episodio, como ya ha publicado este diario, Bachiller "gastó indebidamente" varios miles de euros de fondos públicos cuya devolución le reclamó el Govern sin éxito. En concreto, el científico podemista gastó 48.000 euros en material de laboratorio con cargo a un proyecto del que finalmente desistió y que tuvo que devolver la conselleria de Salud. Al serle reclamada esta cantidad, el científico alegó para negarse que su sueldo y sus compromisos familiares le impedían hacerlo. Otro capítulo de los desencuentros de Bachiller con la Administracion autonómica.
