Jaume Matas niega que la contratación de los arquitectos que diseñaron el velódromo de Palma y dirigieron su construcción sea delictiva, a pesar de que se realizara sin un previo concurso público. El expresident contesta de esta forma al escrito de acusación que formuló hace unas semanas el fiscal Pedro Horrach, en el que le reclama una condena de cuatro años de cárcel, por la contratación del arquitecto alemán, Ralph Schürmann, y posteriormente la de los hermanos García Ruiz, que fueron los que finalmente terminaron las obras.
En un relato breve, la defensa del expresident del PP balear no entra a explicar las razones por las que entiende que la versión que sostiene la acusación es incierta. Se limita a señalar que niega los hechos y a solicitar su absolución, aunque en el escrito también propone una serie de testigos para que declaren en el juicio que se celebrará en breve. Antes de esta vista, el juez Castro, que ya ha concluido la instrucción sobre estas dos piezas del caso Palma Arena, debe dictar el auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible, y que con toda seguridad supondrá que Matas volverá a sentarse en el banquillo de los acusados.
En este juicio, Matas tendrá que justificar las razones que le llevaron a la contratación inicial de Ralph Schürmann, que se realizó sin la tramitación de un procedimiento administrativo, como suele ser habitual en la contratación pública. De hecho, al arquitecto germano, experto en diseño de velódromos de ciclismo en pista, se le contrató verbalmente. El Govern justificó en su momento que era la única forma de asegurarse que la instalación iba a tener la licencia de la federación internacional para autorizar las competiciones deportivas.
Schrümann, sin embargo, no pudo terminar su trabajo. Cuando la obra estaba a medio construir el Govern decidió prescindir de sus servicios. La causa fue que la obra iba con mucho retraso y con este ritmo de trabajo era imposible que se pudieran celebrar los campeonatos mundiales de ciclismo en pista, que se debían organizar en el año 2007. El técnico alemán, durante los meses que estuvo trabajando en el proyecto, colaboró con sus colegas mallorquines, los hermanos García Ruiz. Tras el despido del germano, el entonces president tomó la decisión, a través de sus colaboradores, de proponerles a los dos hermanos que se hicieran cargo de este proyecto. De nuevo, según destacaba el fiscal en su escrito de acusación, se trató de una contratación directa, sin que viniera avalada por ningún procedimiento administrativo.
La abogacía de la comunidad autónoma coincide con el fiscal, tanto en el relato de los hechos, como en la pena que se solicita contra Jaume Matas. La acusación también pretende que por estos hechos responda el entonces director general de Deportes, José Luis Ballester, para el que se reclama una pena de multa. La acusación no acepta la excusa de que el motivo de la contratación del arquitecto germano fuera que era el único que aseguraba la licencia UCI. El fiscal considera que, si ello fuera así, no tendría ningún sentido que se le hubiera despedido y se hubiera contratado a otro arquitecto.
La fiscalía Anticorrupción mantiene que la actuación en este tema de Jaume Matas ha supuesto la comisión de los delitos de prevaricación y fraude a la administración. Al tratarse de dos piezas del caso Palma Arena, la acusación reclama ambas penas de dos años de cárcel. Cabe recordar que Jaume Matas, en estos momentos, está pendiente del resultado de la sentencia del caso Nóos, en el que se juega una condena de cinco años de prisión.
En estos momento la negociación que había iniciado Matas con la fiscalía Anticorrupción se encuentra en un punto muerto, sin que las partes hayan llegado a un acuerdo.
