­La presidenta del Parlament advirtió al Govern de que tenía capacidad de control sobre al menos cinco diputados de Podemos para boicotear los presupuestos. Xelo Huertas condicionó el voto favorable de la mayoría de podemistas al mantenimiento de unos 150.000 euros para sufragar el laboratorio de su compañero de Podemos Daniel Bachiller, que el Ejecutivo no ha contemplado en las cuentas de 2017. Huertas también descalificó ante el Govern al líder de Podemos en Balears, Alberto Jarabo. El objetivo era que se le dejara de reconocer como interlocutor válido, y en consecuencia desautorizar toda la negociación de Jarabo que culminó con el compromiso de que Podemos apoyará los próximos números de la Comunidad.

Huertas hizo llegar sus reclamaciones a través de su jefe de gabinete, Antoni Jiménez. El encargo se realizó la primera semana de noviembre. Antiguo militante del PSOE como Huertas, Jiménez es la persona de máxima confianza en la Cámara y habla por boca de ella con cargos parlamentarios y del Ejecutivo. Días después, la propia presidenta anunciaba en un chat interno del partido su ´no´ a los presupuestos por considerar que perjudican a su aliado Daniel Bachiller. Entonces el aparato de Podemos en Balears puso en marcha la maquinaria para expedientar a Huertas, con el apoyo tácito de la cúpula estatal de Pablo Iglesias.

El mensaje enviado al Govern por la presidenta pretendía neutralizar al secretario general de su partido, Alberto Jarabo, dentro de la guerra interna que ésta mantiene con él desde la gestación de Podemos en las islas.

Jarabo se hizo hasta tres fotos -el 18, 27 y 31 de octubre- con consellers del PSOE y de Més firmando reiteradamente el compromiso de Podemos de secundar las cuentas autonómicas del año que viene. Al eliminar estos presupuestos cualquier financiación para el laboratorio y el equipo de investigación de Bachiller, Huertas trasladó a varios consellers que lo que había acordado Jarabo con PSOE y Més era literalmente papel mojado.

El mensaje enviado al Govern fue que Jarabo estaba en absoluta minoría en el consejo ciudadano autonómico (CCA) de Podemos -el equivalente a la dirección de un partido tradicional-; que el líder había negociado por su cuenta y riesgo los presupuestos; que el compromiso de apoyarlos no había sido secundado por el CCA; que el sector de Huertas tenía mayoría dentro de este órgano, y en consecuencia ella tendría capacidad de condicionar el voto "de la mayoría" de los diez diputados y vetar los presupuestos. Según su versión, Huertas controlaba al menos a cinco parlamentarios, y no solo a la menorquina Montse Seijas, también expedientada ahora por sumarse a la rebelión de la presidenta.

De hecho, en los primeros momentos tras hacerse pública la medida disciplinaria contra Huertas y Seijas, algunos diputados de Podemos se mostraron perplejos y titubeantes, sin apoyar explícitamente a la cúpula por su decisión. La situación parece haberse revertido posteriormente, cuando los partidarios de Huertas han conocido los pormenores del expediente y sus gestiones para conseguir que Bachiller mantuviera su estatus.

Convenio rescindido

Suspendida de militancia por supuestamente haberse valido de su cargo para conseguir un trato de favor a su compañero Bachiller, Xelo Huertas lleva meses utilizando su posición para que el Govern renovara el convenio con el Estado que durante una década ha amparado económicamente la actividad del científico podemista.

La negativa del vicepresidente del Govern, Biel Barceló, a renovar este convenio irritó a Bachiller y a Huertas. Barceló adoptó oficialmente la decisión el pasado 28 de octubre. De inmediato Huertas intensificó sus movimientos. Ella misma avisó a la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, de que fuera prudente porque lo rubricado por Jarabo no contaba con el aval de Podemos. La presidenta del Parlament habló también con Pep Lluís Pons, el director general de Innovación, para reprocharle la rescisión del convenio y mostrarle su malestar. Previamente, en marzo, la propia Huertas había citado en su despacho a los consellers Marc Pons y al vicepresidente Barceló para reclamarles que se acelerara la renovación de Bachiller.

El jefe de gabinete de Huertas dijo al Govern que si no se arreglaba la situación del investigador podemista no estaban garantizados los votos necesarios para aprobar los presupuestos. También vendió que Alberto Jarabo estaba totalmente deslegitimado, por lo que el Govern no podía fiarse de él y debía renegociar las cuentas con Podemos.