Podemos no lo tendrá fácil para echar a Xelo Huertas de la presidencia del Parlament. Consciente de su delicada situación tras ser suspendida cautelarmente de militancia, la estrategia de la alto cargo de Podemos -asesorada por su círculo de más confianza y su abogado- pasa por agotar los plazos y recurrir las resoluciones que le sean desfavorables. Primero internamente, y después acudiendo a los tribunales si es preciso. Sin descartar el Constitucional. Huertas gana tiempo; cada día que pasa sin que le llegue la expulsión definitiva es uno más que se mantiene como segunda autoridad de Balears, con todas las prebendas que ello conlleva.
Los planes de la todavía presidenta, según ella misma ha compartido con allegados, pasan en primer lugar por esperar a presentar sus alegaciones ante la comisión de garantías de Podemos en Balears. Tiene quince días para ello a contar desde la notificación de la apertura del expediente, la semana pasada. Este órgano puede tardar unos días en emitir su resolución, aunque a la vista de los acontecimientos se prevé que será rápido. Si con toda probabilidad se acuerda su expulsión del partido, Huertas piensa recurrir en segunda instancia ante el mismo comité a nivel estatal. Entonces dispondrá de otros quince días para ser escuchada. Entretanto, habrá pasado un mes manteniéndose en la presidencia de la Cámara. En tercer lugar, Huertas contempla pedir un informe a los letrados del Parlament sobre el artículo 39 del reglamento que estipula que debe cesar si su grupo parlamentario la suspende de militancia. La presidenta quiere ir a los tribunales para plantear un litigio insólito en España: la destitución del presidente de una Cámara autonómica.
Echenique: Indicios suficientes
Aunque Xelo Huertas manifiesta su plena confianza en que se respetarán sus derechos y se estimarán sus alegaciones, también es consciente de que la drástica medida adoptada por la cúpula de Pablo Iglesias no es gratuita. Al hacerla pública, el número dos del partido, Pablo Echenique, dejó claro que había indicios suficientes para concluir que Huertas, la diputada Montse Seijas y el dirigente Daniel Bachiller han vulnerado el código ético al utilizar su posición para conseguir un beneficio personal.
Resulta difícil pensar que con el impacto generado Podemos vaya ahora a dar marcha atrás y determine que el comportamiento de los tres suspendidos fue acorde con los principios de la formación. En el supuesto de que hubiera que rehabilitar a Huertas y compañía, entonces el proceso se giraría en contra del líder de Podemos en las islas, Alberto Jarabo, considerado el impulsor del expediente. De rebote también saldría perjudicados la número dos, Laura Camargo, y otros miembros de la ejecutiva.
Huertas está convencida de que los argumentos que sustentan la acusación en su contra son endebles. Cree que podrá demostrar que no condicionó la aprobación de los presupuestos de la Comunidad para 2017 a la continuidad de la financiación del laboratorio de Bachiller.
La principal prueba que tiene Podemos son los mensajes de Huertas en un chat de telefonía móvil interno, anunciando que votaría en contra de las cuentas si no se arreglaba la situación de Bachiller. Es decir, una declaración de intenciones que no llegó a materializarse.
Sin embargo, la todavía presidenta pasó de las palabras a los hechos. Su implicación personal en favor de su compañero Bachiller -con el que están alineados al igual que Seijas en contra de Jarabo- llegó al extremo de haber reprochado a varios cargos del Govern la no renovación del convenio que asegure el dinero para el laboratorio. Huertas y su jefe de gabinete, Antoni Jiménez, han mostrado su malestar a miembros del Ejecutivo por esta rescisión. En el primer trimestre de este año, la presidenta incluso citó en su despacho a los consellers de Presidencia, Marc Pons -ahora de Territorio-, y al vicepresidente del Govern, Biel Barceló, para pedirles explicaciones de por qué no se había blindado la financiación a Bachiller. La reunión fue únicamente con esta finalidad, cuando Huertas no tiene un cargo ejecutivo ni las competencias en investigación.
La presidenta además hizo este verano una visita a las instalaciones de Daniel Bachiller en el hospital de Caubet, desde donde el Govern ha intentado sin éxito trasladarle. "¿En calidad de qué fue ella allí para preocuparse por el estado de los aparatos y las condiciones de trabajo, si no es para meter presión?", muestra su indignación una fuente del Pacto. Denuncia una actuación corporativista por parte de Huertas "más clara que el agua".
