El Ministerio de Fomento asegura que las modificaciones que aplicarán a partir del 1 de enero al descuento de residente no tendrán impacto significativo en los usuarios. Según detallan, no se tocará en ningún caso el régimen general de bonificaciones, el que regula la subvención para los viajeros particular. "Lo único que se modifica es la aplicación de la subvención a los contratos privados de las aerolíneas con empresas o instituciones, que afectan a una proporción minoritaria de billetes", afirman desde el ministerio, en el que recalcan que no es una medida pensada para perjudicar al usuario o ahorrar en subvenciones, sino concebida para impedir en el futuro episodios de abuso por parte de las aerolíneas como los detectados en el pasado.

La actuación no se entiende así sin el caso abierto contra Globalia y Air Europa por la Audiencia Nacional, que archivó provisionalmente a finales de octubre la acusación contra el presidente de la compañía, Juan José Hidalgo, y otros directivos, al no poder determinar el tribunal el responsable "concreto" de la "de la decisión de facturar de forma defraudadora". No obstante, el caso sigue ahora adelante contra la sociedad mercantil Globalia, acusada de un fraude continuado al Ministerio de Fomento con las subvenciones del descuento.

¿Qué hechos se persiguen? La Audiencia Nacional investiga viajes de grupo en los que por contrato privado la aerolínea entregaba billetes de valor mucho más elevado a la media del mercado, de modo que así se embolsaba el 50% de descuento de residente, aplicado sobre un pasaje más caro de lo habitual. Los investigadores han llegado a documentar esta práctica en viajes regalados a empleados, asociaciones de todo tipo, e incluso empresas, instituciones y grupos deportivos, que llegaban a beneficiarse de viajes gratis o a precio rebajado para ellos, por los que luego la aerolínea ingresaba el 50% del Estado. La Audiencia Nacional investiga irregularidades por valor de al menos 22,78 millones de euros.

De ahí las medidas que ahora toma Fomento, que hoy se ponía en contacto con este diario para tranquilizar a los usuarios. Para empezar, dicen, los viajeros que compren su billete de forma individual seguirán disfrutando como hasta ahora del 50% de descuento. Y para continuar, en los casos de pasajes de grupos, el Ministerio de Fomento pagará como máximo la mitad del precio medio de los billetes en cada trayecto. Así se pretende que un acuerdo privado entre, por ejemplo, una aerolínea y un equipo deportivo o una asociación o institución, no se salde con los viajeros volando gratis con billetes de primera clase, por los que no pagarán nada ellos, pero sí el Estado, que asumiría el 50% de un precio mucho más elevado de los que se abonan de media en el trayecto.

¿Cómo se calcula esa media? Pues según explican en Fomento, de eso se encarga Aviación Civil, que se limita a tomar los precios pagados por todos los viajeros y dividir entre cada pasaje. Este sistema es el que no convence al Govern, que asegura que muchos billetes de grupo se verán perjudicados, toda vez que casi nadie paga la media. Un ejemplo: un grupo que reserve un viaje de último minuto, normalmente mucho más caro, tendrá como mucho el 50% de subvención sobre el precio más caro.

Lo ejemplificaba también la Asociación de Agencias de Viajes de Balears, Aviba, que detallaba que en la ruta de Madrid con Palma el precio medio son 71 euros, con lo que el descuento máximo será de 35,5 euros para cada viajero de una compra en grupo. Si esos billetes se adquieren, sin defraudar a Fomento, por 300 euros cada uno, el descuento en vez de ser de 150 euros (50% de residente) será de ese tope de 35,5 euros y los 114,5 euros restantes los abonará el grupo que compre. Interpelados al respecto en Fomento argumentan que la media es el indicador más ajustado a la realidad del mercado, y que de hecho unas veces el tope perjudicaría al usuario y otras les beneficiaría. Aunque cabe un matiz: en caso de que ese billete a Madrid comprado en grupo fuese de menos de los 71 euros de tope, y se quedase, por ejemplo, en 30 euros, Fomento solo subvencionaría el 50% (15 euros) y no el tope, esos 35,5 euros en el caso del vuelo a Madrid. Fomento siempre gana.

Esas disfunciones son las que preocupan al Govern, que en este asunto tiene el apoyo de todos los grupos políticos de las islas, incluido el Partido Popular, responsable en Madrid del Ministerio de Fomento. Por ello el conseller de Movilidad, Marc Pons, aseguraba ayer que van a tratar de armar "un frente común" con las agencias de viajes y otras comunidades afectadas, como Canarias, para frenar esta modificación, que entra en vigor el 1 de enero.

En mayo, en plena precampaña electoral, Ana Pastor, exministra de Fomento y hoy presidenta del Congreso, había mostrado su disposición a renunciar a estar correcciones. Pero no ha sido así. Tampoco era la primera vez que Pastor buscaba atajar el fraude detectado en el descuento de residente con medidas impopulares en Balears. Dos años antes, Pastor había recuperado el certificado de residente como exigencia para volar, tratando de impedir que muchos residentes fuera de las islas se beneficiasen del 50% pese a no vivir en ellas. El sistema de certificado sigue en vigor, solo que hoy la comprobación se hace de forma telemática y son pocos los casos en los que hay que mostrar el documento de residencia en las islas.

Ahora llega esta modificación para los contratos de grupos, que el Ministerio de Fomento defiende como política contra el fraude de impacto nulo para el usuario. "El porcentaje de billetes afectados por estas modificaciones (los topes en el descuento de residente) es muy muy reducido", enfatizan, aunque de momento no disponen de datos para documentar qué cifra exacta de viajeros suponen estos contratos privados de grupo que ahora están en la picota. Y preocupan, especialmente a entidades como los clubes deportivos, que recurren habitualmente a contratos de grupo para desplazarse, y ahora podrían ver como sus presupuestos, muy limitados en la mayoría de los casos y dependientes de patrocinadores como precisamente Air Europa, se ven sacudidos por las modificaciones contra el fraude con el que algunos hicieron negocio durante años.