El polémico investigador Daniel Bachiller, suspendido cautelarmente de militancia en Podemos, junto a la diputada Montse Seijas y la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, no se ha ganado la animadversión de prácticamente toda la comunidad científica de esta comunidad por oponerse a la facultad de Medicina, como él mismo arguyó secundado además por la portavoz parlamentaria de la formación morada, Laura Camargo, sino por intentar mantener contra viento y marea una situación privilegiada, aseguran los investigadores que han destapado todos los tejemanejes del alto cargo podemista.
Y ha sido suspendido de militancia, junto a las dos correligionarias afines, por presuntamente contravenir el código ético de Podemos al intentar hacer prevalecer sus intereses particulares en las negociaciones presupuestarias de esta comunidad.
No obstante, mientras se dilucidan estos asuntos, Bachiller sigue percibiendo de la conselleria de Salud casi el 22% de los fondos públicos que esta Comunidad destina a la investigación biomédica, más de 175.000 euros anuales. Hay que aclarar que el científico podemista es funcionario del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institución que paga íntegramente su sueldo.
El dinero de la conselleria de Salud, que supone más de una quinta parte del presupuesto del Instituto de Investigación Sanitaria de Palma (IdISPa), sufraga los salarios de dos ayudantes de Bachiller -un técnico de laboratorio y un investigador postdoctoral- así como los gastos de funcionamiento del laboratorio que mantiene en el hospital Joan March, en Bunyola, ubicación que se ha negado taxativamente a abandonar para concentrar toda la infraestructura investigadora en Son Espases, en las instalaciones del IdISPa.
Toda persona ajena al mundo de la investigación se preguntará dónde está el privilegio si Bachiller no se embolsa ni un euro de dinero público. Pero cualquier científico sabe lo arduo y complicado que resulta conseguir fondos para investigar en este país. Y tener garantizada esta cantidad anual es una auténtica bicoca.
Además, el convenio suscrito entre la conselleria de Salud y el CSIC que avalaba este desembolso, caducó el pasado 1 de enero tras diez años de vigencia.
Las preguntas que subyacen son: ¿Por qué un convenio caducado desde enero sigue vigente aún hoy, más de once meses después? ¿Por qué se siguen sufragando estas prebendas del investigador podemista con dinero público? Y las responde Margalida Frontera, directora general de Acreditación, Docencia e Investigación en Salud.
"El CSIC nos comunicó en septiembre de 2015, con los preceptivos tres meses de antelación, que no iba a renovar el convenio que había suscrito por diez años con el Govern para potenciar la investigación sanitaria en las islas. Y todavía estamos en la fase de liquidación de este convenio", explica.
Este proceso de liquidación se ha alargado, revela, por dos motivos. El primero, que hay que "repartirse todo lo que hay ahí arriba después de diez años de colaboración conjunta", apunta Frontera. Alude tanto a los equipamientos y material de laboratorio que se montó en el Joan March como al propio personal investigador, algunos pagados Salud y otros por el CSIC, como el propio Bachiller.
Y en segundo lugar, porque al mismo tiempo que Salud discutía con el CSIC la liquidación del convenio, la dirección general de Innovación e Investigación adscrita a Vicepresidencia trataba con el organismo estatal otras vías de colaboración, negociaba la firma de otros acuerdos con el CSIC.
"No podíamos liquidar el convenio sin saber si finalmente el material de laboratorio o el personal del CSIC se iba a quedar en las Islas gracias a otro acuerdo con Innovación", razona Frontera.
No obstante, la posibilidad de un nuevo convenio se ha frustrado y finalmente la creación de un Instituto de Biología Regenerativa en el Parcbit en el que se recolocaría a Bachiller no tendrá lugar.
En esta tesitura, Frontera se ha puesto de límite final de año para liquidar el convenio que vinculó a Salud con el CSIC y, por defecto, con Bachiller. Y este polémico científico al que se le atribuyen presiones para mantener este estatus privilegiado, tendrá que hacer las maletas e irse a otro centro del CSIC en algún otro punto del país.
