El exconseller de Turismo del PP, Jaime Martínez, que aspira a la presidencia del partido en Balears, ha presentado un escrito en el juzgado, solicitando su desimputación en el llamado caso Rocamar. Una petición que formula el abogado Jaime Campaner, que sostiene que su cliente no ha cometido ningún delito en la compra, por parte del anterior Govern, del ruinoso hotel de Sóller.
La condición en estos momentos de investigado de Jaime Martínez representa un problema de cara a sus aspiraciones políticas. De hecho, se postula como líder de una lista alternativa para dirigir el Partido Popular en Balears, pero su implicación en este caso de presunta corrupción puede restarle posibilidades de salir elegido.
Martínez era director general de la conselleria de Turismo, con Carlos Delgado de conseller, y dirigía la empresa pública que negoció la compra del ruinoso hotel de Sóller.
El juez está investigando esta operación, que costó más de 600.000 euros de dinero público, porque se sospecha que hubo un trato de favor hacia la familia del que era jefe de la inspección de la conselleria de Turismo, Francisco Enseñat, que también está imputado en este caso. La conselleria rechazó un informe de un perito que determinaba un precio mucho más bajo por el edificio, ya que consideraba que debía ser el propietario que debía afrontar el pago del derribo del inmueble, al encontrarse en estado de ruina. Sin embargo, tres funcionarios de Turismo realizaron un informe alternativo, elevando el precio de la operación, con la excusa de que el edificio del hotel Rocamar no estaba declarado oficialmente en ruina. Casualmente, el dinero que abonó el Govern, pagado con fondos públicos, coincidía con una supuesta deuda que mantenía el dueño del Rocamar con el padre de Enseñat. De esta forma, la familia del jefe de la inspección fue quien se benefició económicamente de esta operación.
El abogado de Jaime Martínez alega que, inicialmente, su cliente no fue nombrado por la fiscalía en la denuncia que presentó para que se investigara esta operación. Y, además, sostiene que en el transcurso de la investigación no se ha demostrado que cometiera ningún delito.
El juez Juan Manuel Sobrino ha dado traslado de esta petición a la fiscalía Anticorrupción, que fue la que impulsó la denuncia. El fiscal se pronunciará en contra, dado que la investigación todavía no ha terminado. La Policía y Hacienda están investigando los movimientos económicos de las personas implicadas en esta operación inmobiliaria.
