El Govern del PSIB, Més y Podemos llegó al poder prometiendo “cambio”, como todos. Esta vez eso significaba reforzar los servicios públicos, deshacer recortes sociales, mejorar la protección de los más castigados por la crisis y devolver a los trabajadores públicos derechos perdidos. ¿Cumplen? Los números dicen que están siguiendo la senda pactada, a costa de elevar la deuda incluso cuando hay ingresos récord.
Desde que llegaron en 2015, el dinero destinado a la sanidad ha pasado de 1.293 a 1.474 millones, 181 más, que dan para devolver pluses y sueldos a una plantilla indignada, y para reactivar planes como las llamadas ‘peonadas’, horas extra de quirófano en las que se rebaja lista de espera. También la educación nota el cambio, con un aumento del 19% respecto al momento más duro de los recortes (2013), y un avance de 82 millones en dos años, hasta los 882 millones. Con eso se han pagado 600 plazas de profesor y queda para las 120 que añadirán en 2017. Y lo mismo con los servicios sociales: tienen 39 millones, 20 para esa renta social que garantiza a cualquier ciudadano unos ingresos mínimos. En total, el gasto social crece en 302 millones en dos años.
Y avanza la inversión en obras en muchos casos imprescindibles, como las reparación de desaladoras, colegios y depuradoras. Por el camino engorda la plantilla de las empresas públicas, afeitadas por el PP hasta el punto de la incapacidad: rebajaron tanto el presupuesto que las empresas perdieron su razón de ser, la ejecución de inversiones, para lo que no había dinero. Ahora hay más plantilla, de vuelta a un gasto superior al descontrol de 2007, pero las empresas vuelven a ser productivas.
