La juez Rocío Martín ha impuesto tres años de cárcel y una multa de 8 millones de euros a la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar por cobrar un soborno de 2 millones de euros, a cambio de adjudicar a Sacresa los terrenos públicos de Can Domenge. La magistrada ha rebajado en uno los cuatro años de privación de libertad que reclamaban para Munar el fiscal anticorrupción Juan Carrau y el abogado del Consell Miguel Coca, pero destaca en su sentencia el grave deterioro para la confianza ciudadana causado por la también expresidenta del Parlament.
Munar fue juzgada a principios de este mes junto a otros dos exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal y Bartomeu Vicens; el empresario Román Sanahuja, dueño de la quebrada constructora Sacresa, y Miquel Llinás, amigo de Vicens y que actuó de transportista de la dádiva pagada en 2006 por Sanahuja y que ascendió a 4 millones de euros.
El 6 de octubre el tribunal popular declaró culpables a los cinco acusados y ahora únicamente restaba la sentencia de la Audiencia, que puede ser recurrida ante la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
Ni una atenuante
El jurado en su veredicto no admitió como ciertas algunas circunstancias que habrían beneficiado a Munar, disminución de la condena que sí reconoció a los otros cuatro acusados.
La defensa de la expolítica que durante décadas otorgó mayorías a la derecha y la izquierda y controló importantes instituciones de las islas, pese a dirigir un partido minoritario, pidió una condena de cárcel de entre seis meses y un año. Munar está ingresada en el centro penitenciario de Palma desde julio del 2013 y con la de ayer ya acumula tres condenas en casos de corrupción por un total de 14 años de privación de libertad.
Sus abogados pidieron la aplicación de tres atenuantes: confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas. Martín, con base en el veredicto del jurado, entiende que no se le puede dar a Munar ninguna de esas atenuantes.
La expresidenta de UM remitió a la Audiencia el 3 de octubre un escrito donde admitía haber recibido parte de los cuatro millones del soborno de Sanahuja, pero luego en el juicio no aportó ningún detalle más sobre los hechos ni dio datos de su implicación, o de otras personas, en la mordida. La magistrada entiende que, en vista de ese silencio, "no se colman las exigencias mínimas de la atenuante de confesión".
Munar también entregó al tribunal 150.000 euros para reparar el daño causado, pero los jurados valoraron "la insignificancia de la cantidad consignada", frente a los dos millones que recibió la acusada. La sentencia destaca que parte de ese dinero pudo ir a parar a UM, pero que Munar se ha negado a aclarar el destino de la mordida. Por esas razones, no cabe, mantiene la Audiencia, tener en cuenta la atenuante de reparación del daño.
No hubo dilaciones
Las dilaciones indebidas también son rechazadas por la jueza al entender que los tres años y medio que ha durado este proceso, desde que Vicens, Sanahuja y Nadal reconocieron el soborno con ocasión del primer juicio del caso Can Domenge (el del amaño del concurso de adjudicación), no son un período excesivo dada la naturaleza de los hechos y las pesquisas para esclarecerlos.
Rocío Martin analiza las circunstancias del caso que agravan la responsabilidad de Munar y las que le benefician. En el primer platillo de la balanza sitúa que en 2006 era la "máxima autoridad del Consell de Mallorca" y que no puede condenarse por igual a la presidenta de esa institución que a otro funcionario de menor rango.
La magistrada también destaca la elevada cuantía de la mordida solicitada por los dirigentes de UM, cuatro millones de euros, y el hecho de que Munar ya tenga varias condenas por otros casos de corrupción. Por último, la sentencia alude a la traición que estos hechos ha supuesto para la confianza de los ciudadanos.
En los elementos que pueden favorecer a la expolítica resalta el hecho de que haya confesado los hechos, lo que ha facilitado la celebración del juicio al omitirse algunas pruebas previstas.
La acusada también ha devuelto 150.000 euros, aunque ha quedado probado que recibió dos millones de euros. En este apartado Martín afirma que "ha quedado en el aire el destino de ese dinero", que podrían ser los bolsillos de Munar, UM o cualquier otra finalidad, extremo este que no se planteó en la vista.
La presidenta del jurado también aprecia que la acusada se ha visto perjudicada por tener que someterse a dos juicios por Can Domenge, dado que se podían haber enjuiciado a la vez el amaño y el cohecho.
Sopesados todos esos elementos, Martín concluye que la pena más adecuada para Maria Antònia Munar es de tres años de cárcel, multa de seis millones y ocho años y tres meses de inhabilitación. Las penas para Sanahuja, Vicens y Llinás son las que estos pactaron con las acusaciones. El empresario pagará una multa de 45.000 euros, mientras que el transportista del soborno abonará otra multa de 7.200 euros. Vicens ha sido sentenciado a un año y medio de cárcel.
Nadal, que pidió una pena menor, ha recibido una condena de un año y diez meses de prisión. La juez también destaca que Nadal era el vicepresidente del Consell.
