La conselleria de Turismo ha tenido que abonar recientemente 125.124 euros a cinco ex trabajadores de la Agencia de Turismo de las Illes Balears (ATB) que fueron despedidos en la anterior legislatura con los recortes en las empresas y entes públicos que puso en marcha el anterior Govern de José Ramón Bauzá. El Tribunal Supremo ha condenado a la ATB a indemnizar con este montante total a los cinco ex empleados, al estimar su recurso de casación contra la decisión del Ejecutivo del PP de despedirles el 2 de abril de 2012 por la vía de amortizar sus plazas sin ninguna compensación.
Los despedidos acudieron a los juzgados de lo Social de Palma en primera instancia, y un año más tarde una sentencia declaró que se les había echado de manera improcedente, obligando al Govern a indemnizarles con distintas cantidades que sumaban 151.965 euros, a razón de 45 días por año trabajado. El Ejecutivo recurrió ante el Tribunal Superior, que falló a su favor y declaró ajustadas a Derecho las amortizaciones realizadas por la ATB. Los magistrados determinaron que al estar “los trabajadores sujetos a una relación laboral indefinida no fija, la amortización de sus plazas deviene causa suficiente para su cese, sin necesidad de que la empresa acuda al despido objetivo o colectivo”.
Indemnización menor
La sentencia redujo sensiblemente las indemnizaciones a percibir por los demandantes: 26.840 euros en total (8 días por año trabajado), que les fueron pagados en su momento. No conformes con ello, los cinco extrabajadores recurrieron entonces en casación ante el Supremo. En un fallo de este verano, la Sala de lo Social unifica su doctrina al respecto y anula la sentencia del Tribunal Superior balear, al mismo tiempo que confirma íntegramente la inicial en cuanto a la improcedencia de los ceses y las indemnizaciones fijadas.
“La amortización de la plaza no puede suponer la automática extinción del contrato de interinidad”, sentencia el Alto Tribunal. La última jurisprudencia tumba la fórmula del Govern Bauzá de reducción de plantillas de personal en el sector público instrumental, ideada por el exconseller Joaquín García. Cuando los populares empezaron los ajustes, adujeron que el personal de las empresas y entes públicos eran personal indefinido no fijo y en consecuencia esos organismos podían rescindir la relación laboral simplemente con la amortización de las plazas, alegando razones económicas.
El Supremo concluye que estos trabajadores tienen unos derechos adquiridos, y deben ser readmitidos o en su defecto indemnizados.
Desde el actual Govern se critica el modus operandi del anterior con los despidos improcedentes en el sector público instrumental. En la oposición, Més fue muy combativo con esta materia; ahora que está al frente de Turismo, el partido lamenta que el Pacto “deba sufrir las consecuencias de la mala gestión del PP de Bauzá”, y concluye que “al final los perjudicados son los ciudadanos”.
