La Policía Nacional sospechó al principio de las pesquisas del Palma Arena que se había dado una adjudicación irregular del videomarcador para beneficiar a Smartvisión, una empresa cuya propietario se pensó que era íntimo amigo de Pepote Ballester. Sin embargo, luego se descubrió que esta persona de Smartvisión era cuñado de Miguel Romero, el dueño de Nimbus, la agencia de publicidad próxima al PP y que hizo las campañas electorales de ese partido en 2003 y 2007 y que también participó en la puesta en marcha del velódromo.

Ballester, que en su día firmó con la fiscalía anticorrupción un pacto de colaboración en todas las piezas separadas del Palma Arena, aseguró no tener ni idea de lo ocurrido con el vídeomarcador, para el que se convocó un concurso internacional a finales de 2006. El también acusado en el juicio de Nóos explicó que no es "ingeniero ni técnico" y, por tanto, no pudo aportar nada al concurso, ni participó tampoco en la licitación. Rafael Durán también se desvinculó del vídeomarcador.