Un tribunal de la Audiencia Nacional ha exculpado al centro penitenciario de Palma por la muerte de un recluso preventivo, que se quitó la vida aprovechando un despiste. La familia del preso, de nacionalidad rusa, solicitaba una indemnización de 300.000 euros, al reclamar la responsabilidad de la administración general del Estado por haber permitido que la víctima se quitara la vida cuando se encontraba bajo vigilancia.
El suceso ocurrió el día 11 de diciembre de 2012 en la cárcel de Mallorca. Semanas antes la víctima había sido detenida por intentar matar a su mujer, por lo que se le acusaba de un delito de homicidio frustrado. Antes de ingresar en prisión estuvo en el área psiquiátrica del hospital. En la cárcel no ingresó en el módulo, sino que lo hizo en la enfermería. En la historia clínica se detalla que el recluso no presentaba ideas de suicidio. Hablaba de deseos de muerte de una forma pasiva, pero sobre todo pedía ayuda porque estaba muy triste. No presentaba alteraciones, solo hablaba de que deseaba ver a su familia. El diagnóstico fue que sufría una depresión. Debido a esta situación en la prisión se le asignó un preso de apoyo, precisamente para evitar que el recluso pudiera quitarse la vida. El tribunal, para rechazar la petición de la familia, que se quejaba de la falta de vigilancia, ha valorado sobre todo la documentación del expediente. Así, se detalla que semanas antes de su muerte los médicos, además de señalar su situación de aislamiento por el problema del idioma, no detectaron sospechas de que el recluso planeara su suicidio. De hecho, en la hoja de evolución de enfermería se señala que el paciente había mejorado, hablaba tranquilo y mostró su deseo de salir a caminar y asistir al gimnasio.
También destaca el tribunal que el recluso nunca estuvo solo en la celda. Estaba acompañado por otros dos compañeros. Sin embargo, aprovechó la salida al polideportivo del recluso de apoyo para ahorcarse con el cordón de sus zapatos. Antes de quitarse la vida le insistió a este compañero que saliera al polideportivo, si bien nunca le habló que tuviera intención de quitarse la vida. La familia se quejó de que el interno, antes de suicidarse, había realizado una ingesta masiva de pastillas, lo que demostraba que su intención era morir y que por ello se debieron extremar las medidas de seguridad. Sin embargo, el tribunal resalta que el médico dudó de que realmente hubiera ingerido las pastillas. De hecho, ni siquiera tuvo que darle ningún tratamiento. Los jueces, para rechazar la responsabilidad de la prisión, llegan a la conclusión de que se puso en práctica el protocolo habitual en los casos de reclusos que ingresan con un diagnóstico de depresión, por lo que descartan determinar la responsabilidad de la administración penitenciaria en esta muerte.
