El Parlament aprobó ayer exigir al Gobierno central que abone los 240 millones de euros que adeuda del convenio de carreteras. En concreto instó a Madrid a cumplir el protocolo de intenciones en el que el Ministerio de Fomento se comprometió a pagar 80 millones de euros anuales entre 2016 y 2018. Fue mediante una proposición no de ley impulsada por el diputado Damià Borràs del PSOE, que fue aprobada por 37 votos a favor y 19 en contra. El PP fue el único grupo parlamentario que no aceptó el requerimiento a Madrid.

El diputado del PP, Biel Company, explicó los motivos de su voto desfavorable. Recordó que el convenio fue rescindido de forma unilateral por la entonces ministra de Fomento socialista, Magdalena Álvarez, durante el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, y que luego se produjo una sentencia que decía que se tenía que renegociar todo en la Comisión bilateral mixta entre Govern y Ministerio.

"No podemos admitir -incidió Company- que nos digan que con carácter inmediato se debe liquidar la deuda. A eso se le llama demagogia barata. El PP luchará para que venga este dinero para las carreteras de Balears".

El socialista Damià Borràs, encargado de defender la reclamación ante el Gobierno central, criticó que "el Gobierno de Mariano Rajoy solo esté en funciones para lo que le conviene".

Desde Podemos pidieron explicaciones por haber llegado a esta situación y exigió en una enmienda que se retuvieran las partidas que el Govern entrega a Madrid hasta que salden la deuda. Esta enmienda fue rechazada por el resto de grupos al considerarla de imposible cumplimiento. Si se aceptaron varias enmiendas de Ciudadanos que mejoraron el redactado de la propuesta.

Desde Més apoyaron la propuesta, pese a que el diputado Antoni Reus recordó que están en contra del modelo desarrollista que plantea el convenio de carreteras. El diputado de El Pi Josep Melià subrayó que el objetivo "es que llegue esta financiación" y criticó que el debate de este martes "haya parecido una discusión para ver si es culpa del PP o del PSIB".

Apoyo a la empresa familiar

Por otra parte, El Parlament aprobó por unanimidad instar al Govern a simplificar los procedimientos administrativos teniendo en cuenta los problemas específicos de las empresas familiares que dificultan el traspaso de negocios entre familiares.

Fue a raíz de una proposición no de ley impulsada por la diputada popular Margaret Mercadal que también pedía beneficios fiscales para las empresas familiares. No obstante, los grupos de la izquierda presentaron enmiendas para eliminar este punto y apoyar la proposición. Mercadal destacó la necesidad de exenciones fiscales a las empresas familiares y remarcó que este tipo de empresa tiene una mayor implicación y más agilidad en la toma de decisiones, además de representar el 96% del PIB de Balears.

Asimismo, la diputada de Ciudadanos Olga Ballester criticó con dureza al Govern por conceder 180.000 euros al diario ARA y al Diari de Balears. Dijo "que se ha regado a medio afines al Govern con la excusa del catalán". La consellera de Cultura, Ruth Mateu, le contestó que es lo que indica la Ley de Normalización Lingüística.