El calificativo de ´sector inquieto´ se le queda corto al comercio balear. La anunciada modificación de la ley que lo regula y la pretensión de las pequeñas empresas de reducir los festivos con apertura autorizada, cuyo camino se perfilaba inicialmente como simple, ha terminado generando fuertes tensiones y cruces de reproches entre patronales, sindicatos, Govern y grupos de oposición, lo que de momento va a suponer la convocatoria urgente de la comisión en la que están representadas la mayoría de estas organizaciones con el fin de pactar una solución definitiva.
El problema se desencadenó el pasado día 4, pero la historia nace durante los meses anteriores, por el debate interno de las patronales del comercio tradicional sobre el alcance que debía tener esos cambios en la ley, con Afedeco en una postura más moderada en la que apostaba por dejar la normativa con su redactado actual mientras que Pimeco reclamaba cambios de calado. Finalmente, se acordó proponer a la Conselleria del ramo reducir de 16 a 10 los festivos con apertura, a cambio de dejar las zonas de gran afluencia turística con sus actuales características. Pero este debate respecto a ´si son galgos o podencos´ retrasó durante meses la presentación de esta petición. Mientras tanto, la patronal de grandes superficies (Anged) ha seguido defendiendo que se mantengan los 16 festivos, mientras que UGT y CCOO han apoyado la reducción a 10.
Día 4: el estallido
Así llegamos al pasado día 4, en el que en una reunión para abordar las campañas de promoción del pequeño comercio, desde la Dirección General del ramo se pide a las patronales isleñas que presenten su calendario de aperturas para 2017, con 16 festivos fijados, dado que la ley aun no se ha modificado y todavía no han presentado oficialmente ninguna propuesta para reducir esa cifra.
En ese momento se disparan todas las alarmas, y el presidente de la Confederación Balear de Comercio, Pau Bellinfante, pide a la Conselleria que se les deje una sala para que las patronales celebren una reunión urgente. En ella se elabora a toda prisa la propuesta para que la ley se modifique y se reduzcan a 10 los festivos con actividad comercial, documento que entra en el Registro el día 5.
Y aquí se produce una jugada política que hace reventar algunas ampollas. A las 48 horas, El Pi presenta una proposición de ley instando al Govern a que cambie la ley con urgencia con el único objetivo de dejar la cifra de festivos en 10, tal y como habían pedido las asociaciones empresariales.
Eso abre heridas en muchos frentes. En la Conselleria que lidera Iago Negueruela duele que la solución a un problema que se lleva negociando durante meses parezca ahora fruto de una propuesta de la oposición. También CCOO, concretamente el secretario general de su federación de comercio, Ginés Díez, pone el grito en el cielo bajo el argumento de que El Pi pretende apropiarse del trabajo que han hecho los sindicatos, las patronales y el Govern para encontrar una salida de consenso. Y esa tensión alcanza a las propias patronales, ya que voces de Afedeco (y sindicales) señalan al presidente de Pimeco, Bernat Coll, como el que ha filtrado información a El Pi para que se adelante a todos con su propuesta en el Parlament, dadas las conocidas buenas relaciones que mantiene con dirigentes de esta formación en Inca. Coll niega la mayor y rechaza esas acusaciones.
Pero las tensiones generadas entre patronales y Conselleria son tan evidentes que Afedeco convocó una reunión de urgencia el pasado lunes, tras las que emitió un comunicado en el que recuerda que la propuesta de reducir los festivos con apertura a 10 nace del consenso de patronales y sindicatos, y se pide a "todos" los grupos políticos que la apoyen. Ayer mismo algunos de sus responsables mantuvieron un encuentro privado con el conseller Negueruela para dejar claro que esta patronal no había tenido nada que ver con la maniobra política de El Pi.
Pero queda un punto pendiente: la petición de reducir a 10 los festivos se ha presentado tan tarde, que una tramitación parlamentaria del cambio de ley hace imposible que quede aprobada antes de que empiece 2017, lo que supone que la reducción de festivos no entraría en vigor hasta 2018. Al menos, si este punto se aprueba por el trámite normal. Hay que tener en cuenta que el Govern de Francina Armengol buscar evitar en lo posible el uso de los decretos ley, más ágiles pero que fueron duramente criticados por el PSOE cuando eran empleados por el Ejecutivo de José Ramón Bauza. Aquí las patronales acusan a la directora general de Comercio, Pilar Sansó, a la que califican como el eslabón débil en el equipo de Negueruela, de no haber gestionado correctamente el tema y de que los plazos se les hayan echado encima.
Salida de emergencia
Eso explica la urgencia (se apunta como posible fecha la próxima semana) con que se quiere convocar una reunión de la comisión asesora de Comercio, de la que forman parte el Govern, las patronales del gran y pequeño comercio, los sindicatos y los consumidores, ya que se quiere que la solución salga de ahí.
De momento, sí se mantiene un punto de coincidencia entre Afedeco, Pimeco, UGT y CCOO: la reducción de las aperturas en festivo de 16 a 10 tiene que entrar en vigor en enero de 2017. Sea de la forma que sea. Porque según señala un representante del sector, ninguna organización política se va a atrever a votar en contra de una salida consensuada con unas organizaciones que representan a 20.000 pequeños establecimientos y a 50.000 trabajadores.
