El juez José Castro abrió ayer juicio oral contra los expresidente y exdirector general de Deportes del Govern del PP, Jaume Matas y José Luis-Pepote Ballester, respectivamente, por amañar en 2006 la contratación de los tres arquitectos del velódromo Palma Arena. Castro estableció en los autos de apertura de juicio una fianza de 1,35 millones de euros para Matas y Ballester.
Los juicios se celebrarán ante la Audiencia de Palma y Matas y Ballester están acusados de dos delitos de fraude a la Administración, otros dos de prevaricación y otro de falsedad documental.
La apertura de juicio se deriva de los escritos de acusación del fiscal Pedro Horrach y de la letrada de la Comunidad Autónoma María Ángeles Berrocal y no puede ser objeto de recurso.
Básicamente, Jaume Matas y Pepote Ballester están acusados de fichar a dedo y vulnerando toda la normativa de contratación en la Administración a Ralpf C.A. Schürmann, el primer arquitecto del Palma Arena. Schürmann fue escogido, porque, según el Govern del PP, era el único técnico al que la Unión Ciclista Internacional (UCI) le habría homologado la pista del velódromo para que pudiera celebrarse allí el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2007.
Posteriormente, Schürmann cayó en desgracia y fue sustituido por los hermanos Jaime y Luis García Ruiz, dos arquitectos mallorquines que habían colaborado con él en los primeros pasos del proyecto.
Los García Ruiz también fueron contratados a dedo. El Govern de Jaume Matas pactó con una empresa de ellos, GR-1 S.L. , que se encargara de modificar el proyecto de Schürmann, construir el velódromo y la pista y contratar a otros técnicos (aparejador e ingeniero). Los García Ruiz recibieron por todos esos trabajos casi 8,6 millones de euros.
De acuerdo con las acusaciones esa cuantía obligaba al Govern a convocar un concurso para seleccionar a los arquitectos.
Los dos acusados eran, a juicio de la fiscalía y del actual Govern, quienes tomaban las decisiones respecto a la construcción del velódromo, a pesar de que teóricamente el proyecto estaba dirigido por la fundación pública Illesport y por un Consorcio para la Construcción del Palma Arena.
Los García Ruiz eran amigos de Matas y esa relación influyó en su contratación, según la Abogacía del Govern.
Facturas por 2,3 millones
Schürmman, pese al fracaso de su proyecto, giró al Govern facturas por 2,3 millones, de los que cobró 1,6 millones de euros.
Fiscalía y acusación particular en nombre del Govern tienen pendientes de pronunciarse sobre otras muchas piezas separadas del Palma Arena, varias de ellas con Matas como imputado.
