El fiscal Pedro Horrach quiere que Jaume Matas se siente de nuevo en el banquillo y que lo haga, al menos, dos veces más para responder de dos de las piezas del llamado caso Palma Arena. En ambas acusaciones, cuyo relato de hechos es prácticamente idéntico, se le responsabiliza de la doble contratación de los arquitectos que diseñaron el edificio del velódromo Palma Arena. El primer arquitecto fue el alemán Ralph Schurmann, que fue despedido a medio proyecto porque no estaba cumpliendo los plazos de construcción, y posteriormente se contrató a los hermanos García Ruiz (que ya venían colaborando desde el principio con su colega germano), para que terminaran la obra. La intervención de los técnicos costó unos nueve millones de euros.

El fiscal Anticorrupción sostiene, al igual que lo hace la abogacía de la comunidad autónoma, que la contratación tanto de Schurmann, como de los arquitectos que le sustituyeron, fue ilegal, por cuanto fue una decisión que no se sometió a un procedimiento administrativo como marca la ley de contratación pública. Fue una contratación verbal, que está prohibida en la administración. Por este motivo, el fiscal, en ambas piezas del caso Palma Arena, imputa sendos delitos de fraude y prevaricación para Jaume Matas, así como para el exdirector general del área de deportes, José Luis Ballester. Para el expresident reclama sendas penas de dos años de cárcel, más 40 años de inhabilitación. Para Ballester solo le pide una pena de multa. A ambos se les reclama que paguen los perjuicios económicos ocasionados, aunque en distinta proporción de responsabilidad.

El relato que hace el fiscal para sostener esta acusación explica que fue Jaume Matas quien le pidió a Ballester que lograra la organización del campeonato mundial de ciclismo en pista del año 2007. El director general cumplió la orden y se nombró la ciudad de Palma como sede de esta campeonato. Para albergar la prueba se decidió construir un velódromo adecuado a este acontecimiento.

El fiscal cuestiona que Matas, en vez de tramitar este proyecto a través de alguna de las consellerias, lo hiciera a través de la fundación pública Illesport, que él mismo presidía. Esta empresa contaba con la presencia formal de unos patronos, todos ellos políticos o altos cargos del Govern. Illesport aprobó la aportación económica para poder financiar esta gran obra pública. Se firmaron actas donde se aprobaban todas estas decisiones económicas, pero en realidad estas reuniones nunca se celebraron, por lo que se falsificó la firma de los patronos en estos documentos oficiales.

La excusa de Matas para la contratación directa y sin previo concurso del arquitecto alemán fue que era el único que conseguía la certificación de la UCI. Sin embargo, el fiscal sostiene que esta afirmación no es cierta, porque no tendría sentido que se hubiera despedido al arquitecto alemán, debido a que no estaba cumpliendo con los plazos, y se hubiera dado el proyecto a los técnicos mallorquines que ya venían trabajando desde el principio. El escrito de acusación destaca que los hermanos García Ruiz, que también recibieron el encargo verbal del propio presidente, tuvieron que realizar por encargo una amplia modificación del diseño inicial del velódromo de ciclismo.

Una vez que las acusaciones, es decir, la fiscalía y la abogacía de la comunidad autónoma, han presentado sus respectivos escritos, el juez José Castro procederá en los próximos días a abrir juicio oral en estas dos piezas del caso Palma Arena. Por tanto, el expresident Jaume Matas tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados, al menos, dos veces más, aunque todavía le quedan pendientes otros procesos.