Maria Antònia Munar tendrá que cumplir una nueva condena que alargará su estancia en la cárcel. El jurado popular la declaró ayer culpable de un delito de cohecho, cometido cuando presidía el Consell de Mallorca. Munar exigió a un constructor el pago de una dádiva de cuatro millones de euros a cambio del proyecto de Can Domenge. Se quedó una parte del dinero. La otra se destinó al partido que en ese momento presidía. Y el resto se lo repartieron sus más estrechos colaboradores, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens, a los que el jurado también declaró ayer culpables del mismo delito.
El veredicto del jurado demostró que la nueva estrategia de defensa que representó Munar no tuvo éxito. Su confesión del delito no fue aceptada por el tribunal popular como circunstancia atenuante, ni tampoco se interpretó que haya intentado reparar el daño causado al entregar, antes del juicio, la cantidad de 150.000 euros. Su confesión pública de que había utilizado su cargo político para exigir y aceptar un soborno no se consideró suficiente para minimizar su grado de responsabilidad. El jurado interpretó que su alegato no aportó ningún detalle nuevo a la ya conocida trama de Can Domenge. Además, el hecho de que no contestara a la mayor parte de las preguntas que le pretendían formular desde la acusación fue un detalle que tampoco agradó al jurado, como así lo señaló su portavoz en la lectura del veredicto.
La aportación económica que realizó Munar el día anterior al juicio tampoco tuvo efecto para conseguir la compasión de los ciudadanos que la juzgaron. El jurado entendió que, si Munar recibió más de la mitad de los cuatro millones de euros del soborno, aunque una parte la destinara a la financiación del partido Unió Mallorquina, la cantidad que ofreció para reparar el daño es prácticamente simbólica. De hecho, aún no se sabe el paradero actual del dinero. Por último, tampoco se acepta la atenuante de dilaciones indebidas, por cuanto el jurado entendió que el tiempo transcurrido para investigar este caso es el lógico por la gravedad de los hechos.
El fiscal Juan Carrau, que ha visto como el jurado popular le ha dado la razón en todos sus argumentos para que no se aceptara ni una sola atenuante, reiteró su propuesta de que Munar debe ser condenada a cuatro años de prisión. Será la magistrada Rocío Martín quien determine la condena que debe cumplir la que fuera la política más influyente de Mallorca. En el caso de que aceptara la petición del fiscal, que coincide con la del Consell de Mallorca, Munar sumaría ya su cuarta condena y tendría que cumplir un total de quince años de cárcel. Ahora mismo lleva tres años encerrada y todavía le falta mucho tiempo para tener derecho a las primeras salidas.
El fiscal Carrau, para convencer a la magistrada, recordó la trascendencia social que supone que a una política se la declare culpable de recibir un soborno económico. También reiteró la alta posición política que representó Munar porque los hechos se cometieron cuando presidía el Consell de Mallorca, sin olvidarse tampoco de la gran influencia que tenía sobre sus colaboradores. La fiscalía considera incluso que los cuatro años de cárcel que pide ahora son una pena leve, pero ha tenido en cuenta que ya está cumpliendo otras condenas, una de ellas por el amaño del concurso de Can Domenge que ya se juzgó hace ahora tres años. Además de la pena de prisión, se le reclama a Munar una multa de siete millones de euros.
La defensa de Maria Antònia Munar, lógicamente, pide la pena menor que se puede imponer por un delito de cohecho y se conformaría con un año de cárcel. El letrado recordó que su clienta ya sufrió una dura sanción en el primer juicio de Can Domenge y esta circunstancia debe tenerse muy en cuenta para fijar la nueva condena.
Los otros acusados también fueron declarados culpables del delito de cohecho, pero no supuso ninguna sorpresa por cuanto todos ellos se declararon culpables y aceptaron las penas que pedía la fiscalía, salvo Miquel Nadal que solicitaba una condena menor.
El jurado declaró probado con este veredicto que el soborno de Can Domenge lo pagó la empresa Sacresa, con la autorización de Román Sanahuja, en dos entregas. El dinero en metálico, cuatro millones de euros, lo recibió un intermediario, Miquel Llinás, alias Cameta, que actuó para hacerle un favor a su amigo Bartomeu Vicens. Fue el antiguo conseller el que se encargó de realizar el reparto. Los dos primeros millones los entregó íntegramente a Maria Antònia Munar. El segundo envío lo repartió entre la presidenta del partido, Miquel Nadal y él mismo, entregando también una pequeña comisión de 35.000 euros al intermediario.
Del destino del dinero poco se sabe, porque no ha sido posible recuperarlo. Vicens devolvió 160.000 euros en su momento y ahora Munar 150.000 euros más. Sin embargo, la suma de estas cantidades está muy lejos de los cuatro millones recibidos.
Maria Antònia Munar se mostró ayer tarde muy tranquila, aunque cabizbaja, como si ya supiera de antemano lo que iba a decidir el jurado. A diferencia del estado de dolor y tristeza que mostró el pasado lunes mientras confesaba el grave delito, ayer no soltó una sola lágrima en público.
