La Conselleria de Turismo del vicepresident Biel Barceló (Més) empieza a despejar incógnitas de una ecuación hasta ahora sin resolver: la que debe ser capaz de conciliar los intereses económicos y sociales enfrentados a cuenta del alquiler de pisos a turistas. Una reunión celebrada ayer en la conselleria entre el citado Barceló y el presidente del colectivo que agrupa a los propietarios de apartamentos de alquiler vacacional (Aptur), Juan Estarellas, arrojó un poco de luz. Lo primero y más importante: en los próximos días, en principio antes de que acabe el mes, el Govern hará público un borrador de la reforma de legislación turística que afecta al alquiler a viajeros, en el que se mantiene invariable el actual techo de plazas turísticas de las islas, vigente desde el año 1999.
Es decir, la intención inicial del Govern es que Balears, una comunidad con 1,1 millones de habitantes censados, disponga como mucho de espacio para alojar legalmente a alrededor de 500.000 turistas al mismo tiempo, para limitar de ese modo al máximo avalanchas de viajeros como la de este verano, cuando en en agosto llegó a haber a la vez en las islas más de 2 millones de personas (500.0000 más de las que sumarían el censo de residentes y la oferta legal de plazas turísticas).
En la actualidad, dentro de ese máximo legal de plazas vigente desde 1999, hay 424.000 camas autorizadas en las islas, en manos de hoteles, agroturismos, viviendas vacacionales regladas y apartamentos turísticos registrados como tales. Del cupo creado en 1999 quedan libres 43.000 camas. Y el Govern pretende que como mucho se incorporen a la oferta legal 43.000 plazas nuevas, hasta llegar al techo vigente.
No hay plazas para todos
Así se lo dijo ayer Barceló al presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Balears, Juan Estarellas, que le respondió lo que llevan meses diciendo: que en su colectivo no aceptarán un máximo de plazas turísticas que les excluya, como ocurrirá si se aplica este techo actual, habilitando solo las 43.000 camas hoy libres. El problema, recalca Estarellas, es que en la actualidad en las islas hay 180.000 plazas de alquiler vacacional a turistas, de las que solo 60.000 están registradas y cumplen la normativa. El resto son ilegales según la regulación vigente en Balears. Data del año 2012, con el Govern Bauzá (PP), que prohibió el alquiler a turistas en apartamentos y pisos ubicados en edificios residenciales plurifamiliares. La cuestión es que la mayoría de la oferta de portales web de comercialización turística masiva, como AirBNB, entra dentro de esta tipología ilegal: son pisos en edificios residenciales de varias plantas, la mayoría en ciudades como Palma, Calvià, Alcúdia o Eivissa.
Con la oferta de 43.000 plazas del Govern solo se legalizaría una tercera parte de las 120.000 camas hoy pendientes de regularizar. Quedarían fuera dos terceras partes de las que se comercializan en webs como AirBNB. ¿Cómo piensa repartir el cupo legal el Govern? Pues primero se aplicará un filtro de calidad: la normativa, como han leído en los últimos meses en Diario de Mallorca, incluirá requisitos de calidad ligados al servicio turístico, desde una atención constante al viajero hasta seguros o comodidades imprescindibles en cualquier otro alojamiento turístico (sábanas, limpieza,menaje).
Además, todos los que quieran solicitar alguna de estas 43.000 plazas deberán estar registrados como actividad turística en la Agencia Tributaria de Balears, y recaudar la nueva ecotasa (oficialmente llamada Impuesto de Turismo Sostenible). Con esos requisitos y alguna otra autorización burocrática autonómica y municipal, se podrá optar a pasar de la economía sumergida al negocio turístico legal..
El Govern cuenta con que estas exigencias excluyan de la carrera por la regularización a muchas plazas. ¿Cuántas de las 120.000 hoy alquiladas ilegalmente a turistas pasarán el corte? En Turismo confían en que sea una cifra muy parecida a esas 43.000 que se ofertarán. En la asociación de alquiler Aptur creen en cambio que serán muchas más las que cumplan. ¿Cómo se discriminará pues la que se legaliza y la que no? Pues esa es la gran incógnita pendiente, porque hay muchas opciones. La más sencilla es que esa oferta inicial de 43.000 plazas crezca para admitir todos los alojamientos las que cumplan los requisitos de calidad. Esa opción sigue abierta, toda vez que el propio vicepresident Barceló insistía ayer en que el borrador que se presentará este mes es un punto de partida sobre el que trabajar en busca de un consenso económico y social lo más amplio posible.
Plazas a coste cero
De momento, Barceló y su equipo ya le han hecho varios guiños a los propietarios de viviendas de alquiler. El fundamental, confirmado ayer, es que la reforma eliminará la prohibición actual de alquilar en viviendas de edificios plurifamiliares, en una comunidad que hoy solo autoriza el arrendamiento turístico en casas aisladas, chalets pareados y edificios de apartamentos turísticos. Pero hay otro gesto conciliador de calado: Barceló ayer aseguró que quienes legalicen sus plazas recurriendo a estas 43.000 disponibles no tendrán que pagar nada por ellas.
Y no es esa poca concesión: los hoteles, agroturismos y demás oferta turística hoy legal pagan cada plaza por 4.300 euros. Si se aplicase el mismo precio, el propietario de un piso de tres habitaciones y seis plazas se vería obligado a pagar unos 25.000 euros para operar legalmente como alquiler turístico. Con la reforma del Govern saldrá a coste cero. ¿Por qué? Pues porque la autorización, a diferencia de la de los hoteles, será provisional. Entra así en juego la penúltima derivada de esta ecuación turística: la reforma que el Govern empezará a tramitar ahora con el objetivo de que entre en vigor en la primavera de 2017 quedará supeditada a la regulación de espacios turísticos que haga cada isla a través de su Consell Insular. Por eso el coste cero, porque quizá lo que se autorice ahora con la reforma del Govern quede prohibido dentro de dos años por el Consell de turno: a la ecuación turística le quedan aún años de incógnitas por despejar.
