Maria Antònia Munar ha sido declarada esta tarde culpable de un delito de cohecho sin que concurra ninguna circunstancia atenuante que aminore su culpa por el soborno para adjudicar un concurso de construcción de viviendas en un solar de Can Domenge. Por tanto, el tribunal popular no ha mostrado ningún gesto de piedad hacia la expresidenta del Consell, que pese a que había confesado el soborno y devolvió 150.000 euros se considera insuficiente para aceptarle las atenuantes de confesión y reparación del daño.

La decisión del jurado ha sido unánime y el portavoz ha criticado que no hubiera contestado a la mayor parte de las preguntas ni ha facilitado ninguna información que ayudara a la justicia. La fiscalía, ante este veredicto, ha pedido una pena de cuatro años de prisión. El fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, ha resaltado la gravedad del delito cometido y que si Munar no hubiera sido condenada con anterioridad habría solicitado una pena mayor. Carrau ha justificado el mantenimiento de la pena que solicitaba desde un principio "a la vista de que no se aprecia por el jurado ninguna circunstancia atenuante, del importante valor económico de la dádiva de 4 millones de euros, de la trascendencia social de los hechos, de la alta posición institucional en la administración de ser presidenta y a la jerarquía que tenía sobre otros acusados".

"Si no se solicitó mayor pena es atendiendo a la situación de que la señora Munar ya está condenada y está cumpliendo penas que suman más de 11 años de prisión pero que, por los hechos y las circunstancias, denotan tal gravedad que tendría que incluso incrementarse", ha advertido el fiscal.

El jurado también ha declarado culpable a los otros cuatro acusados: Bartomeu Vicens, Miquel Nadal, Roman Sanahuja y Miquel Llinàs. Consideran probado que los tres ex altos cargos se pusieron de acuerdo, aprovechando su situación de poder en el Consell de Mallorca, para reclamar a Sacresa 4 millones de euros para asegurar la adjudicación del concurso de Can Domenge, que el empresario accedió y Llinás recogió el dinero y lo entregó a Vicens.

La defensa de la expresidenta del Parlament por UM ha solicitado a la magistrada Rocío Martín que le imponga una pena de un año de cárcel. El jurado también se ha pronunciado en contra de que los cinco acusados puedan acceder a un indulto. El tribunal popular sí que ha aceptado que Llinàs y Sanahuja no tengan que cumplir sus penas de prisión.