El futuro inmediato de Maria Antònia Munar se debatió ayer en la sala donde el jurado popular permanece incomunicado hasta que alcance un veredicto sobre el caso Can Domenge. Anoche no se había llegado a ningún acuerdo. La culpabilidad de los cinco acusados no se discute, porque todos aceptan que detrás del concurso para construir en este solar público de Palma hubo un pago de cuatro millones de euros, que fueron a los bolsillos de los políticos de Unió Mallorquina que en ese momento dirigían el Consell de Mallorca. La única cuestión que se debe discutir es si Maria Antònia Munar es merecedora de las atenuantes que reclama su defensa, situación por la que se juega estar unos tres años más en prisión, a lo que habría que sumar la larga condena que ya está cumpliendo en la cárcel de Palma.
Munar ha afrontado este juicio sin posibilidades de defenderse. Sus otros cuatro compañeros de banquillo reconocieron cobro del dinero y habían alcanzado un pacto con la fiscalía sobre las penas a cumplir. Ante esta situación, la estrategia de defensa de sostener que ella no participó en este reparto del dinero era impensable. A su abogado se le ocurrió buscar las tres atenuantes que consistían en confesar los hechos, pagar 150.000 euros y denunciar el largo periodo de tiempo que ha precisado la instrucción de este caso. Su defensa, dada la confesión de culpabilidad, se conformaría con una pena de seis mes de cárcel, más una multa de un millón de euros.
Pero esta petición desesperada de Munar se ha encontrado con la dura oposición del fiscal Juan Carrau, que no acepta que la expresidenta del Consell de Mallorca cumpla una pena inferior a los cuatro años de cárcel, porque entiende que el hecho de que un político reciba un soborno económico aprovechando su cargo público supone un grave delito, que merece un castigo severo.
Munar fue trasladada de nuevo ayer a la Audiencia de Palma junto a Miquel Nadal. Ambos compañeros de partido se encuentran cumpliendo condena por varios casos de corrupción. Tuvieron la oportunidad de hablar durante el tiempo que compartieron la celda.
Los acusados estuvieron ayer presentes cuando la magistrada que ha presidido este juicio, Rocío Martín, entregó al jurado el objeto del veredicto y explicó las pautas que se deben seguir hasta alcanzar un veredicto.
Hace ya tiempo que Munar ha tirado la toalla y ya está dispuesta a aceptar la culpabilidad de las causas judiciales a las que se enfrenta. Una postura muy distinta a los primeros juicios, en los que defendió su inocencia con contudencia, aunque los jueces no la creyeron. Esta semana, por primera vez, se ha visto cómo la que fuera la política más influyente de Mallorca se ha humillado públicamente al confesar que cobró un soborno económico mientras presidía la institución más importante de la isla. Un cohecho que consistió en el reparto de cuatro millones de euros abonados por la empresa Sacresa a cambio del proyecto de Can Domenge, un solar que el Consell de Mallorca vendió a mitad de precio.
Munar ha confesado el delito, pero no ha desvelado cuánto dinero recibió, ni tampoco dónde lo tiene escondido. El fiscal calcula que se quedó con más de dos millones de euros, pero tampoco ha aportado ninguna prueba concreta que demuestre esta cifra. La expresidenta de UM lamentó su situación personal e intentó buscar la clemencia del jurado diciendo que sufre una ruina personal, económica y política.
