El Govern aprobó ayer la destitución de Lluís Segura Lluís Segura como director general de Abogacía de la Comunidad, cargo que por el momento quedará sin cubrir a la espera de la "reorganización interna" de este departamento, según explicó la portavoz del Ejecutivo y consellera de Presidencia, Pilar Costa. De acuerdo con el procedimiento establecido en un decreto de 2015, mientras no se produzca el nombramiento la coordinación de la Abogacía la asumirá la jefa del departamento de Coordinación Jurídica y Asuntos Consultivos, puesto que ocupa la exdiputada socialista Lourdes Aguiló.

"Ahora necesitamos un poco de sentido común y serenidad para aclarar lo que ha pasado, que es lo que en estos momentos queremos solventar", dijo Costa en referencia a la crisis de Govern que provocó la retirada de la acusación de la Comunidad Autónoma contra el expresident Jaume Matas en dos de las piezas del caso Palma Arena, las referidas a la Ópera y el Palacete. Este asunto provocó el pasado martes la destitución de Segura, que se hizo efectiva ayer, por "pérdida de confianza" al no haber comunicado al Govern la decisión de retirar la acusación en estas dos piezas.

Costa resaltó que el decreto que está elaborando el Govern desde febrero, del que informó este periódico el pasado jueves, pretende evitar las discrepancias en situaciones similares. De acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de la Comunidad de 2003, tanto la personación de la Comunidad Autónoma en procesos judiciales como el desistimiento deben ser autorizados por el Consell de Govern. En el caso Palma Arena, la Abogacía consideraba que debía informar sobre el caso general, en el que la Comunidad está personada como acusación. Al subdividirse en varias piezas, concluyó que no debía informar concretamente de cada una de ellas, sino que era suficiente con la autorización para la general.

Sin embargo, lo que llega a juicio es cada una de esas piezas, tal y como recordó Costa. El decreto que prepara el Govern pretende dejar claro que en esos casos también se requerirá la autorización del Consell de Govern. "Respetamos escrupulosamente el criterio jurídico y técnico de los letrados, pero la propia Ley prevé un espacio de decisión política de personarse o apartarse de cualquier caso", precisó Costa en referencia a si lo que pretendía el decreto era el control de la Abogacía por parte del Govern.

Controlar la Abogacía

Como ya informó Diario de Mallorca, el borrador del futuro decreto calca el artículo 9 de la Ley de Régimen Jurídico de 2003, que establece la autorización del Consell de Govern o, en caso de urgencia, la de la presidenta, pero añade la necesidad de consulta previa a la conselleria afectada en los diferentes casos judiciales. Aunque ayer Costa rechazó que el Govern pretenda controlar cada movimiento de sus servicios jurídicos, esta consulta previa implica su beneplácito en todo caso.

Costa resaltó que este decreto no se elabora específicamente por el caso Palma Arena, aunque este sea especialmente complejo, ya que la autorización del Consell de Govern para personarse o retirarse de una causa debe aplicarse en "cualquier procedimiento judicial" y de lo que se trata ahora es de evitar que se produzcan de nuevo "dudas de interpretación jurídica" respecto a la decisión. Junto a ello, insistió en que la postura del Govern es la de "llegar hasta el final en los casos de corrupción para recuperar el máximo de fondos públicos malversados" a las arcas autonómicas.