La conselleria de Presidencia que dirige Pilar Costa lleva elaborando desde el mes de febrero un borrador de decreto cuya finalidad es un mayor control sobre los letrados de la Abogacía de la Comunidad. Curiosamente, el nuevo decreto añade a la Ley 3/2003 de Régimen Jurídico que para el "desistimiento de causas -como es el caso de la Ópera o el Palacete de Jaume Matas-, la Abogacía deberá consultar de forma previa" a la conselleria afectada.
Si este decreto ya estuviera en vigor no se habría producido la crisis de Govern que desencadenó la retirada de la acusación contra el expresidente del Govern y que terminó con la destitución del director de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, Lluís Segura. Entre otras cosas, los letrados deberían haber realizado la consulta por el conducto reglamentario y no se habría producido el cruce de declaraciones entre Govern y Abogacía sobre si los responsables políticos estaban o no informados de la decisión.
Según ha podido saber este periódico, entre el Govern y los letrados existían notables discrepancias sobre esta cuestión desde hace tiempo. La Abogacía mantenía que se debía informar del caso general, pero no tenía la necesidad de consultar de cada paso jurídico que dieran en un caso. De ahí el conflicto con el caso Matas. Los letrados, relatando la estrategia general del caso Palma Arena, consideraban que no era preciso detallar las acciones jurídicas en cada una de las piezas separadas, como ocurrió con la Ópera y el Palacete.
No obstante, en los despachos ordinarios entre la Abogacía y la conselleria de Presidencia, primero con Marc Pons y después con Pilar Costa, sí que se informaba del caso general del Palma Arena y en qué pieza pensaban acusar y en cuál no.
El hecho de que el Govern hace tiempo que esté trabajando en este decreto y quisiera, precisamente, poner más controles políticos sobre los movimientos jurídicos indica que en la cúpula del Consolat de Mar preocupaba esta cuestión. Desde el Govern niegan que este decreto tenga nada que ver con el caso Matas y que los cambios son mínimos.
Sin embargo, la Ley 3/2003 de Régimen Jurídico no contempla la consulta previa a la conselleria afectada en caso de retirada de acusaciones. La consellera Pilar Costa anunció el pasado martes que intentarían regular estas cuestiones. Lo que se desconocía hasta el momento era que ya llevaran desde febrero trabajando en un decreto.
