La fiscalía Anticorrupción da por roto en estos momentos cualquier intento de llegar a un acuerdo con Maria Antònia Munar ante el juicio que se celebrará el lunes sobre el soborno de Can Domenge. Según informaron ayer fuentes próximas al caso, el fiscal se opone, salvo que cambie de opinión a última hora, a que Munar logre que el juicio que tendrá lugar ante un jurado popular se convierta en un puro trámite, entre otras cosas, porque la expolítica tampoco acepta todas las condiciones que le han impuesto, sobre todo económicas, para concretar este acuerdo.
Aunque Munar ya ha sido juzgada y condenada tres veces por causas de corrupción y cumple una condena de once años de prisión, el lunes será la primera vez que su futuro quedará en manos de once ciudadanos. Su situación es muy complicada. Se le acusa de haber recibido un soborno económico de cuatro millones de euros (el dinero se repartió entre varios) a cambio de amañar un proceso para vender un solar público al constructor que pagó este dinero. Sus posibilidades de salir absuelta de este caso, pese a que ella niega los hechos, son prácticamente nulas, por cuanto el resto de acusados han confesado, unos el pago y otros que aceptaron el soborno. Munar es consciente de la difícil situación que afronta a partir del lunes y lo que intenta evitar, por todos los medios, es que la fiscalía mantenga esta propuesta inicial de cuatro años de cárcel. En el hipotético caso de que se aceptara esta petición del fiscal y se la condenara a esta pena, se sumarían a los once años de prisión que ya está cumpliendo. Esta situación, entre otras cosas, además de alargar su estancia en prisión, retrasaría la posibilidad de obtener su primer permiso penitenciario.
El abogado de la expolítica de Unió Mallorquina ha sido muy discreto en la negociación que ha mantenido con el fiscal. No ha querido desvelar las condiciones que ha ofrecido para llegar a esta conformidad, pero se ha encontrado con la oposición del fiscal Juan Carrau, que mantiene que los hechos son tan graves que obligan a que el juicio se celebre y que el jurado se pronuncie sobre si la expolítica cometió o no un delito de cohecho.
Maria Antònia Munar, a la que se ha visto muy afectada físicamente las veces que ha salido de la cárcel a declarar, volverá a compartir el banquillo de los acusados con sus antiguos colaboradores políticos, como fueron Miquel Nadal y Bartomeu Vicens. También se juzgará a Román Sanahuja, el dueño de la constructora Sacresa, que confesó que había pagado este soborno a los políticos a cambio de obtener este solar, abonando la mitad de su valor real. El quinto personaje que ocupará el banquillo es el exmilitante de UM de Campos, Miquel Llinás, alias Cameta, una persona de la máxima confianza de Vicens a quien utilizó para recoger el dinero. Se hicieron dos entregas, una previa al concurso y una después de su aprobación. En cada caso se entregaron dos millones de euros. El intermediario se quedó con una pequeña parte, que ya ha devuelto y, según sostiene el fiscal, el resto se repartió entre Munar, Nadal y Vicens, además de invertir una parte importante en el propio partido de Unió Mallorquina. Tanto Nadal como Vicens confesaron en el primer juicio del caso Can Domenge que habían cobrado este dinero. Munar, en cambio, siempre lo ha negado y parece que volverá a repetir esta estrategia, salvo que en el último momento pueda alcanzar un acuerdo definitivo con la fiscalía Anticorrupción.
