Cinco de los seis jóvenes que irrumpieron en febrero de 2014 en la iglesia de Sant Miquel de Palma para defender el derecho al aborto han asegurado que ni tenían conocimiento previo de que en ese "local religioso" se celebraba una misa ni se dieron cuenta de que interrumpían una ceremonia.
Una de las acusadas por un delito contra la libertad y los sentimientos religiosos ha asegurado que ella no participó en la protesta en el templo palmesano, una versión que han corroborado los otros encausados, quienes solo han respondido a las preguntas de su abogado y del tribunal.
En declaraciones muy similares, las tres mujeres y los dos hombres que han admitido que entraron a mediodía en la iglesia han descrito su acción como una protesta pacífica contra la propuesta de reforma de la Ley del Aborto conocida como "ley Galardón", han dicho que no recordaban ningún detalle relevante porque fue muy rápido y fueron expulsados con violencia.
Pese a que algunos han lamentado las molestias que causaron, han admitido que entraron en la iglesia gritando "Aborto libre y gratuito" y "Fuera los rosarios de nuestros ovarios" y que desplegaron una pancarta sin ser conscientes de que podían vulnerar el derecho al culto de los fieles.
Una de las acusadas ha explicado que el escenario de la protesta, que fue grabada en vídeo y difundida por los proabortistas, fue decidido de forma espontánea poco antes de llevarla a cabo y que también se evaluó la idea de irrumpir en la catedral por ser "la iglesia más grande de Palma".
La Fiscalía pide un año y medio de prisión para los acusados, que han sido apoyados en la sala y frente a la Audiencia de Palma por familiares y simpatizantes, mientras que la acusación particular en nombre del Obispado de Mallorca solicita que sean condenados a cuatro años de reclusión.
El Obispado había ofrecido retirar la acusación si los jóvenes admitían que habían actuado mal, una oferta que los procesados rechazaron y replicaron con una propuesta en la que planteaban que cada parte admitiera el daño causado a la otra.
El abogado de los jóvenes feministas, Josep de Luis, ha planteado al inicio de la vista una cuestión previa respecto a la posible inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal que sancionan la obstaculización de las ceremonias religiosas y ha presentado artículos de prensa y vídeos para probar el papel "político" jugado por la Iglesia en el debate público sobre el aborto.
El defensor ha preguntado a los cinco que admiten que entraron en la iglesia su edad (todos nacieron en los 90), los motivos por los que actuaron de esa manera (el apoyo de la Iglesia católica a la "Ley Gallardón"), si sabían que había misa (ninguno lo sabía), si conocían que entorpecerla era un delito (ninguno lo conocía) y si tenían intención de herir sentimientos religiosos (algo que han negado y, en algún caso, lamentado).
Respecto a la acusada que rechaza que asistiera a la protesta, hermana de otra procesada, ha afirmado que se quedó en casa estudiando ese domingo para un examen inminente.
Ante la falta de preguntas de las partes acusadoras, que las han hecho constar por escrito, los miembros del tribunal han preguntado a los acusados por algunos detalles para tratar de determinar en qué medida fueron conscientes de que interrumpían una ceremonia religiosa y porqué escogieron el interior de la iglesia y no un espacio público para difundir sus reivindicaciones.
Uno de los jóvenes ha dicho que vio en el templo "una concentración de personas" pero no supo "distinguir" si participaban de una misa porque no tiene formación religiosa, otra ha dicho que escogieron improvisadamente el templo de Sant Miquel porque "todo lo que implica la iglesia al final se acaba haciendo público" y ninguno ha aludido a que su intervención se grabó en vídeo y se publicitó.
El juicio proseguirá mañana con la declaración de los testigos en una jornada para la que la presidenta del tribunal, Carmen González, ha pedido al público que no vista camisetas reivindicativas para no condicionar a los comparecientes.
