El Tribunal Superior de Justicia de Balears, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, notificó ayer la admisión a trámite del recurso de la patronal hotelera contra la ecotasa. En concreto, la admisión del recurso contra el el Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible, que la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca presentó el pasado 16 de septiembre.

Con esta decisión, un trámite esperado, se inicia el procedimiento ordinario y se requiere al Consell de Govern de la Comunidad Autónoma de Balears a que en un plazo de veinte días remita a la Sala el expediente administrativo completo de tramitación del reglamento del impuesto.

El Govern, por su parte, defiende que el impuesto es irreversible, que supone recursos para el territorio y el medio ambiente y que beneficia a todos los ciudadanos de Balears. Y además recuerda que no solo la patronal hotelera, sino todas sus federaciones han trabajado en la confección de la ley y en el desarrollo del propio reglamento.

Con el impuesto ya derogado, el 28 de marzo de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Balears desestimó que la ecotasa fuera inconstitucional. El impuesto medioambiental, medida estrella del Govern del primer Pacto de Progreso presidido por Francesc Antich, gravaba con un euro cada pernoctación en un hotel insular y según el criterio del TSJB no era inconstitucional, al no solaparse con el impuesto del valor añadido (IVA). En aquella ocasión los hoteleros presentaron más de 500 recursos contra el impuesto en la sala de lo contencioso de Palma, planteando una variada casuística en busca de la declaración de inconstitucionalidad.

Entre los argumentos actuales, presentados en la asamblea de la FEHM en la que se decidió la interposición del recurso, está en primer lugar que no tendría demasiada lógica haber presentado batalla legal a la primera ecotasa y no hacerlo a la segunda. Pero sobre todo se hace hincapié en que comunidades como la valenciana y la andaluza, también con presidentes socialistas y con una intensa actividad turística, no han implantado este impuesto.

Según algunos hoteleros, el problema es que estas últimas tienen una financiación mucho mejor que la balear y, por este motivo, creen que el Govern carga sobre las espaldas del colectivo turístico un problema de ingresos que hace tiempo que debería de haberse resuelto.