El Govern del Pacte tenía que haber estado más atento a la jugada y no haberse despreocupado de la postura de sus servicios jurídicos en el caso Palma Arena y, en concreto, en las piezas separadas del Palacete (incremento patrimonial injustificado del expresident Jaume Matas) y de la Ópera. Este diario lleva semanas informando puntualmente del estado de esas causas, del bloqueo de las mismas por falta de pronunciamiento de fiscalía anticorrupción y Abogacía del Govern y de la muy improbable acusación por parte del fiscal Pedro Horrach en el caso del palacete.
Los políticos tenían que haber reaccionado a esas señales de alarma y haber evacuado urgentes consultas con la Abogacía del Govern para encontrar la mejor estrategia procesal posible. No lo hicieron.
De forma paralela LLuís Segura y su compañera María Ángeles Berrocal, tras analizar Ópera y Palacete, decidieron pedir el archivo de la primera y no acusar en la segunda, compartiendo el criterio de Horrach y contradiciendo abiertamente en ambas causas las tesis del juez José Castro.
Conocida, días después de ser presentada en el juzgado, la postura de los servicios jurídicos del Govern ha estallado el escándalo ante la injusticia de que Matas no tenga que dar explicaciones delante de un tribunal por sus millonarios incrementos de patrimonio y por sus megalomanías electoralistas con dinero público.
Se ha producido un error político por falta de celo en ejercer la acusación particular y ahora lo paga Lluís Segura, que afirma haber seguido los protocolos habituales a la hora de informar a sus superiores políticos en el Govern.
No comparto las tesis del destituido jefe de la Abogacía de la Comunidad Autónoma respecto a que no hubo delito en la Ópera y de que al Govern le resultan ajenas las fechorías de Matas con sus propiedades. Ambos casos deberían ser juzgados por la Audiencia para tranquilidad de todos los ciudadanos.
