Una reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo en un caso de corrupción en Unió Mallorquina puede favorecer a Jaume Matas en la negociación para establecer su responsabilidad penal en el caso Son Espases. Se trata de la sentencia del Supremo del llamado caso Sillas, en la que se absolvió a la entonces consellera insular, Catalina Julve, que había sido condenada en la Audiencia de Palma por un delito de fraude. El Alto Tribunal absolvió a Julve de este delito y lo sustituyó por el de prevaricación, que no se castiga con penas de prisión. La sentencia se pronunció sobre el debate jurídico que se suscitaba entorno al delito de fraude a la administración. Y la conclusión que dejan los jueces es que, al margen de que se haya amañado el concurso público, lo importante es valorar si la administración se ha visto perjudicada económicamente con la manipulación de este proceso público. En el caso de Julve, si bien es cierto que se amañó un concurso público para otorgar el contrato a un militante de UM (entregó tres presupuestos de tres empresas de su entorno), los jueces establecieron que la administración no resultó perjudicada. El precio pagado por las sillas era acorde al mercado y no se detectó que se hubieran pagado comisiones a cambio de este contrato.
Esta sentencia, dictada antes del verano, ha sido puesta sobre la mesa en la negociación que la fiscalía Anticorrupción mantiene con los abogados de Jaume Matas. Las defensas entienden que esta interpretación que hace el Supremo sobre el fraude se puede trasladar al caso Son Espases. Y no solo plantean esta situación los abogados de Matas, sino también las defensas de otros imputados en el caso de la construcción del hospital público.
Las defensas, según señalaron fuentes próximas a la negociación, intentan convencer al fiscal de que el amaño del concurso para construir el hospital no ocasionó un perjuicio económico a las arcas públicas. Si bien es cierto, señalan, que Matas intentó inicialmente que la Mesa de Contratación eligiera el proyecto que elaboró la empresa OHL, pese a que era 100 millones de euros más caro que sus competidores, finalmente el Govern rectificó. El presidente ordenó que se anulara la reunión en la que se iba a anunciar el nombre de la empresa que se iba a adjudicar el proyecto más importante realizado jamás en Baleares. La excusa que defendió Matas es que era necesario pedir más informes, pero lo cierto es que esta decisión supuso que OHL perdiera el proyecto y fue finalmente la empresa Fomento, controlada por Florentino Pérez, la que logró ganar el concurso.
Los abogados intentan convencer al fiscal Horrach de que, pese al inicial intento de amaño, la administración no sufrió ningún perjuicio económico. El hospital lo construyó otra empresa distinta a la que había señalado Matas, con un presupuesto menor. Y, aunque han existido sospechas de que detrás de esta operación hubo un pago de comisiones a los políticos, estas dádivas nunca se han demostrado. De hecho, el fiscal Horrach, a pesar de las numerosas pistas que se han seguido, ya ha perdido la esperanza de que se pueda demostrar que detrás del proyecto de Son Espases hubo un pago de comisiones, bien en Madrid o en Balears. De hecho, Anticorrupción se opuso a que el juez prolongara la instrucción, porque entendía que todas las diligencias ya se habían practicado.
Si las defensas logran convencer al fiscal y se aplica la interpretación que realiza el Supremo en el caso de corrupción de UM, el expresident del Govern no sería acusado de un delito de fraude. Y esta situación tiene una gran importancia, porque supondría que a Jaume Matas no se le podría imponer ninguna pena de prisión por el caso Son Espases, a pesar de que la que fuera consellera de su Govern, Aina Castillo, ha confesado que el president le dio un sobre con instrucciones para que lo hiciera llegar a los integrantes de la mesa de contratación.
En cualquier caso, de momento no se ha tomado una decisión definitiva sobre si esta sentencia se aplicará en el caso Son Espases.
