El anuncio de la presidenta del Govern, Francina Armengol, de reabrir el antiguo complejo hospitalario de Son Dureta como centro de atención a enfermos crónicos, sigue hacia delante a falta de cerrar los detalles. Según admitió ayer la portavoz del Govern, Pilar Costa, todavía falta por negociar con los socios de gobierno del PSIB -Més y Podemos- la partida de la que dispondrá en los próximos presupuestos y el calendario de su ejecución.

La presidenta del Govern anunció el pasado martes en su discurso del debate de política general de la comunidad que la reapertura de Son Dureta sería una realidad que ya se vería contemplada en los próximos presupuestos. No obstante, Podemos, aunque manifestó ver con buenos ojos el anuncio, pidió un plan de viabilidad antes de su puesta en marcha y Més denunció en un comunicado que no se había consensuado el proyecto. Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que, entre otros temas, se habló de este plan, la portavoz admitió que todavía hay que negociar el presupuesto y el calendario para la ejecución. "Trabajaremos con el resto de partidos para negociar los usos del antiguo hospital. También se tienen que decidir los presupuestos o los plazos de ejecución", explicó.

Reunión de Armengol y Més

Según Costa, lo que hay sobre la mesa es de momento "una propuesta de la conselleria de Salud" que deberá consensuarse, aunque no obstante, defendió que se trataba de "un anuncio de todo el Govern": "No es un anuncio en solitario de la presidenta", negó la portavoz del Ejecutivo.

Según Costa, todos los consellers del Govern, incluidos los de Més, "estaban informados" cuando la presidenta hizo su anuncio.

No obstante, ayer la presidenta, el vicepresidente, Biel Barceló; y la consellera de servicios Sociales, Fina Santiago; así como la propia Costa, según relató, se reunieron para hablar del tema. "Ha quedado cerrado y claro que es un proyecto del Govern", aseguró.

Lo que Costa no aclaró es si el Govern dispone de los permisos del Instituto de la Seguridad Social, propietario de las instalaciones, para desarrollar sus planes, si bien aseguró que "no se espera encontrarse ningún problema".

En otro orden de cosas, en el Consell de Govern de ayer, se anunció que la Abogacía de la Comunidad ejercerá de acusación popular por el último caso de violencia machista en Eivissa, tras recibir la documentación trasladada por un informe del Instituto Balear de la Mujer. El presunto asesino de la víctima se suicidó después de los hechos pero se mantiene imputada otra persona en el caso por encubrimiento.