El Consell de Govern autorizó ayer a la Abogacía de la Comunidad para que interponga un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto que regula las reválidas de la LOMCE de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato.

Así informó ayer la portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa, quien recordó que el pasado 5 de agosto la Conselleria de Educación ya encargó las acciones oportunas para impugnar este decreto.

Una vez estudiada la norma, la Abogacía ha concluido que se puede impugnar por "irregularidades procedimentales" y por "invadir competencias en materia educativa, y también en materia lingüística". Desde que se aprobó el decreto para regular las reválidas, el Govern ha trabajado para detener esta medida, "impuesta por un Ejecutivo central en funciones que obvió el parecer de la mayoría de miembros que integran la Conferencia Sectorial de Educación, y que ya expresaron su desacuerdo junto con la comunidad educativa", recordó ayer la portavoz del Govern, Pilar Costa. El conseller de Educación y Universidad, Martí March, fue el primero en enviar una carta al ministro de Educación en la que solicitaba la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación a fin de tratar el proceso de implantación de la LOMCE. "El decreto que impugna el Govern privará de una titulación a los estudiantes que, a pesar de que hayan aprobado el curso, no pasen la evaluación final de cuarto de ESO o de Bachillerato", señaló Costa, que, no obstante, admitió que, mientras se resuelve la impugnación, el Govern deberá aplicar el decreto y, por lo tanto, las reválidas.