La decisión del Govern balear de no formular acusación en el caso por el presunto blanqueo de casi 4 millones de euros en inmuebles del expresident del PP insular Jaume Matas ha causado estupor en medios judiciales, donde se recuerda que la Abogacía Autonómica participó activamente en estas pesquisas desde sus inicios. Los abogados de la acusación particular en nombre de la Comunidad Autónoma alegan ahora que no tienen legitimidad para acusar a Matas y otras siete personas de blanqueo de capitales, un argumento que en los citados medios no se alcanza a comprender.
El pasado jueves se supo que la acusación particular en representación de la Comunidad Autónoma pide el archivo del caso Ópera (pieza 3) y se da por apartada como acusación en la pieza 24, el incremento patrimonial injustificado de Matas y que el juez Castro atribuye a posibles comisiones de la construcción del velódromo Palma Arena.
La postura del Govern sobre el caso Ópera no ha sorprendido, puesto que la acusación particular ha pedido, a lo largo de los varios años de instrucción, el archivo para Jaume Matas, la única persona que sigue encausada, y para el exconseller de Cultura Francesc Fiol, que fue imputado y posteriormente exculpado.
Contratos públicos
El juez Castro sostiene que Matas y su mujer Maite Areal, vieron incrementado notablemente su patrimonio inmobiliario entre 2003 y 2007 gracias al dinero negro procedente de sobornos por contratos públicos del Govern que presidía el primero.
En el auto de fin de instrucción de la pieza separada 24 se alude a los sobrecostes millonarios del velódromo Palma Arena (construido entre 2006 y 2007) como una fuente del dinero opaco manejado por Matas, aunque en las 28 piezas separadas de esta causa no existe ninguna relativa a esas mordidas.
Dado ese posible origen de los fondos dedicados a adquirir, reformar y equipar los tres inmuebles atribuidos a Matas (su antiguo palacete de Sant Feliu 8, una lujosa vivienda en don Ramón de la Cruz 105 de Madrid y un apartamento en la Colònia de Sant Jordi), no se explica cómo el Govern se siente huérfano de legitimidad para llevar a juicio el caso.
La fiscalía anticorrupción, la otra acusación en estas piezas, ha expresado sus dudas respecto a que el blanqueo de capitales no se podría probar si antes no se demuestra que esas sumas provenían de hechos delictivos.
La instrucción de la pieza 24 ha durado varios años y en ella los invvestigadores, incluido el Govern, han interrogado a algunos testigos en Madrid.
