No sufrieron la represión de otros colectivos y, aunque nunca supieron con exactitud cuántos eran, fueron menos que otras entidades organizadas en la época; sin embargo, lograron "dejar impronta" en los años finales del Franquismo y durante la Transición. Son los jueces, fiscales y secretarios judiciales que conformaron el movimiento Justicia Democrática, que se articuló en la clandestinidad con el objetivo de que la administración de justicia contribuyera al desembarco de la democracia en España.

Ayer se les recordó en el Club Diario de Mallorca, donde el Ateneu Pere Mascaró y la Fundació Emili Darder reunieron a dos de los juristas que formaron parte del movimiento, el juez emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín y el consejero permanente del Consejo de Estado, Fernando Ledesma, y a la historiadora Pilar Díaz Sánchez, que ha recuperado la memoria de aquel movimiento en el libro Los jueces contra el Franquismo, que recoge los testimonios de diversos miembros que formaron parte de él.

"Fue un movimiento de jueces y fiscales, sin afán de protagonismo, pero que tuvieron la necesidad de rebelarse contra el sistema y que comprometieron su futuro profesional en aras de la democratización del Estado", los describió la historiadora Pilar Díaz. "Era un grupo muy heterogéneo ideológicamente. Había desde miembros profundamente religiosos a comunistas", detalló. Para Fernando Ledesma, consejero permanente del Consejo de Estado y exministro de Justicia, que formó parte de aquel grupo de hombres, "lo que unía a un grupo tan plural era un compromiso con la recuperación democrática". "Nuestra obligación era recuperar la democracia y recuperar la libertad", recordó el jurista ante el público asistente a la conferencia, en el que se encontraron destacados miembros de la judicatura balear como el juez instructor José Castro, el fiscal Ladislao Roig o el presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez Reino.

"No tienen una historia que contar de grandes represiones más allá de alguna suspensión de empleo y sueldo, pero sí que sufrieron una represión profesional, a la hora de escalar puestos", explicó Díaz. "Encajaban mal con lo que era la disidencia y el establishment no sabía qué hacer con ellos: eso les permitió no sufrir demasiado la represión. Les odiaban pero les respetaban", añadió, a la vez que explicó que nunca supieron con exactitud "cuántos eran": "se habla de unos 200".

El juez emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín recordó que en un informe de los servicios de inteligencia franquistas eran hasta 500, pero explicó que fue porque "incluyeron a muchos jueces que no lo eran: cualquiera que no fuera un juez carcelero, que no enviará a prisión la mayoría de sus casos, pensaron que era de Justicia Democrática".

No obstante, aunque fueron pocos, "dejaron impronta", valoró Díaz. Ledesma recordó que evitaron la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes mientras que Martín Pallín explicó que ellos pensaron en "la necesidad de un gobierno de los jueces independiente del Ministerio de Justicia" y que lograron introducir en la Constitución que "la justicia emana del pueblo". Además, esta plataforma, "cuya actividad fue tan breve como intensa", ya que se disolvió una vez aprobada la Carta Magna, desembocó posteriormente en las asociaciones Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia.

Para Martín Pallín, de cara al futuro, habría que "reconstruir el movimiento asociativo": "Deberíamos retomar ese camino para recoger todas las sensibilidades. Habría que abrir un diálogo para volver a una única asociación de jueces que en su interior acogiera las diferentes tendencias".