Balears ha encontrado aliados para luchar contra lo que el Govern define como "el chantaje de Montoro". La consellera de Hacienda, Cati Cladera (PSIB), confirmó ayer, tras el Consell de Govern, que han mantenido contactos con otras regiones y tienen ya el apoyo de una tercera parte de las 17 comunidades, respaldo mínimo para exigir que el ministro de Hacienda en funciones del Gobierno Rajoy (PP), Cristóbal Montoro, comparezca ante el Senado para explicar dos cuestiones que preocupan tanto al Govern balear como al resto de autonomías: cómo quedarán definitivamente los objetivos de déficit de los próximos cuatro años y, sobre todo, cuánto dinero llegará el año que viene a las islas del modelo de financiación. Desde julio el ministro niega ambas respuestas, escudándose en que desde las elecciones del pasado diciembre pasado está solo en funciones.

El problema es que tanto el objetivo de déficit como los ingresos para el año que viene son necesarios para diseñar de cara al año que viene unos presupuestos autonómicos precisos, que no lo serán tanto si el Gobierno central insiste en no informar de cuánto dinero van a tener las comunidades y qué recortes tiene que hacer cada una. Eso es lo que está en juego con la comparecencia en el Senado de Montoro y con la otra exigencia del Govern balear, también aprobada ayer en Consell de Govern: que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo en el que se fijan los detalles fundamentales del reparto de los recursos públicos. O así es cuando quien gestiona es un Gobierno con todas sus atribuciones, y no uno en funciones como el que tiene España desde diciembre, como consecuencia de la falta de acuerdo para designar presidente tras dos elecciones en menos de un año.

Como consecuencia, el Gobierno central dice que no puede dar información sobre el dinero que habrá el año que viene, y que tampoco puede aprobar las modificaciones de objetivos de déficit hasta 2019, pese a estar ya votadas y respaldadas hasta por los ministros de Economía de la Unión Europea. Esa decisión del Gobierno Rajoy de no mover un dedo es lo que se define precisamente como "chantaje" en las autonomías, sobre todo en las que no son del PP (aunque también hay malestar en algunas del PP como Castilla y León y Galicia). Ayer lo repetía la consellera Cladera, que, como los responsables de finanzas de otras autonomías, cree que Rajoy y Montoro están utilizando las cuentas públicas para presionar en favor de una investidura del candidato del PP a presidir el Gobierno los próximos cuatro años. "Es una actitud de chantaje por parte del Gobierno de España para forzar una investidura. Eso es falta de sentido de Estado, están aprovechando en beneficio de sus intereses políticos unas instituciones que son de todos", denunciaba ayer la consellera de Hacienda de Balears.

Un "bloqueo" que no bloquea

"En un año normal estaríamos ahora presentado el techo de gasto [lo que se va a gastar como mucho Balears en sus servicios públicos el año que viene], pero no lo podemos hacer por el bloqueo del Gobierno de España", insistía Cladera. Para elaborar ese techo de gasto, el Gobierno central informa en julio de la cifra exacta que enviará cada mes, lo que toca por modelo de financiación. Con ese dato de ingresos, más los recursos propios del Govern con sus tributos regionales, Balears ya sabe lo que se puede gastar en 2017. Pero si falta la información del Estado, no se puede hacer algo "riguroso", que es en realidad lo que motiva la "urgencia" de que Montoro se pronuncie, dice Cladera.

La consellera reconoce no obstante que aunque no tengan los datos del Gobierno central, pueden saber de forma muy aproximada con cuánto dinero contarán, y de hecho, si no tienen respuesta de Montoro, avanzarán con los presupuestos que llevan meses preparando en base a unas previsiones propias. Es decir, el dato del Gobierno central no es imprescindible, pero sí importante si lo que se quiere, como dice el propio ministro Montoro, son unas cuentas "estrictas y rigurosas". Se lo afea Cladera: "No dar esa información es una actitud irresponsable del Gobierno, que no permite hacer las cuentas con el máximo rigor y está dificultando la actuación de las comunidades, que tenemos unas obligaciones con los ciudadanos", resume Cladera, que ahora ya tiene aliados en otras autonomías contra la indefinición de Montoro y el Gobierno Rajoy.